En este encuentro, según fuentes, también se analizará el anunció que hizo el jueves pasado el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Marc Osfield, quien informó que tanto Cartes como Velázquez recibieron una sanción financiera de su gobierno.

En la reunión de prensa, el diplomático norteamericano también lanzó graves acusaciones contra ambos políticos del Partido Colorado, a quienes sindicó de haber sobornado a funcionarios públicos y de tener vínculos con el grupo terrorista Hezbollah.

El soborno es un hecho punible que está previsto y penado en el artículo 302 del Código Penal y se castiga hasta con dos años de cárcel o con multa. En caso de que sea agravado, la pena se eleva a 3 años y si se comete con un juez o árbitro es de hasta 5 años. Se castiga también la tentativa, según nuestra disposición legal.

Lo primero que se requiere para avanzar en una investigación es identificar a los funcionarios o políticos a quienes Cartes o Velázquez sobornó o intentó sobornar. El embajador Osfield no dio ningún nombre durante el encuentro con medios de comunicación.

La no identificación de la víctima de soborno dificulta el avance de la pesquisa. Es por eso, que los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz, aguardan el informe del Departamento de Justicia de los EE.UU., que debe proveer los datos con relación al intento de soborno, supuestamente cometido por Velázquez.

La semana pasada, cuando el diplomático hizo su anuncio, de acuerdo a nuestras fuentes, Quiñónez se encontraba con reposo y retornaría hoy a la sede la Fiscalía General del Estado.

La titular del Ministerio Público se reunirá con los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz, quienes tienen a su cargo la investigación por supuesto intento de soborno; además de otros agentes que forman parte del primer anillo de Quiñónez, según las fuentes.

La ocasión también será aprovechada para analizar el último anuncio que hizo el embajador Osfield, con relación al expresidente de la República y el actual vicepresidente de nuestro país.

Quiñónez analizará con su equipo si existen o no elementos para abrir una carpeta fiscal o en el caso de Velázquez, agregar el último anuncio a la pesquisa que ya se abrió en su contra.

El Ministerio Público tiene la facultad constitucional y legal de abrir una causa penal de oficio en los casos previstos para ello. La norma exige que existan elementos que hagan presumir la comisión de un hecho punible o varios, que están tipificados y penados en la ley.

Horacio Cartes

Específicamente con relación a Cartes, EE.UU. refiere que incurrió en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato como presidente de Paraguay. La carrera política de Cartes se basó y continúa dependiendo de medios corruptos para el éxito. Se unió al Partido Colorado en el 2009, proporcionando inversiones financieras e incentivos para convencer al partido de eliminar su requisito de afiliación de 10 años, para permitirle postularse como candidato presidencial del partido.

Cartes pagó a los miembros del partido hasta US$ 10.000 cada uno para apoyar su candidatura antes de las elecciones de 2013. Mientras era presidente de Paraguay, Cartes continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo. Mantuvo su control sobre la formulación de política a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales; los pagos oscilaron entre US$ 5.000 a US$ 50.000 para cada miembro. Cartes aseguró la efectividad de este esquema cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes.

En el 2017, Cartes prometió un millón de dólares de su propio patrimonio para comprar los votos de los legisladores para apoyar su impulso infructuoso de reforma constitucional que le permitiera postularse para su segundo mandato el 2018. Cartes siguió influyendo en las actividades legislativas después de dejar el cargo sobornando a los legisladores para dirigir sus votos en su interés y apuntando a los opositores políticos, con los principales partidarios recibiendo hasta US$ 50.000 mensuales.

Hugo Velázquez

Velázquez, actual vicepresidente de Paraguay, también se ha involucrado en prácticas para interferir en proceso legales y protegerse a sí mismo y a sus socios criminales de investigaciones criminales, incluso sobornando y amenazando a quienes podrían exponer su actividad ilícita, dice Estados Unidos.

Tanto Cartes como Velázquez tienen vínculos con miembros de Hezbollah, una entidad designada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera y objetivo de múltiples designaciones de la OFAC. Hizbollah ha realizado regularmente eventos privados en Paraguay donde los políticos hacían acuerdos por favores, vendían contratos estatales y discutían los esfuerzos de aplicación de la ley a cambio de sobornos. Representantes de Cartes y Velázquez han cobrado sobornos en estas reuniones.

Velázquez está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.)13818 por ser una persona extranjera, funcionario del gobierno actual o anterior, que ha participado en corrupción, incluida la apropiación de bienes del Estado, la expropiación de bienes privados para beneficio personal, corrupción relacionada con tratos gubernamentales, o la extracción de recursos naturales, o el soborno.

Carta rogatoria

El 22 de agosto del 2022, Asuntos Internacionales, remitió la “carta rogatoria” de los fiscales al Departamento de Justicia.

El 29 de agosto, el Departamento de Justicia “acusó recibo” e informó que se designó un abogado litigante, encargado de analizar la pertinencia de los solicitado por el Ministerio Público de Paraguay, para después resolver si hace lugar o no al pedido de informe de los fiscales asignados a la investigación.

Luego, en octubre del año pasado, el Departamento de Justicia pidió al Ministerio Público un informe complementario con relación al requerimiento hecho sobre Velázquez.

Esa información complementaria es la que enviaron los fiscales de la causa, y el Departamento de Justicia acusó recibo el 22 de noviembre de 2022. Hasta ahora, no respondió nada el Departamento de Estado con respecto a la solicitud.