Una orden judicial que dispone un desalojo indefectiblemente tiene que ser tramitada vía oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección de Policía. Esta dependencia policial, sin embargo, en lugar de dar efectividad a los mandamientos judiciales, se ha convertido en un filtro donde se seleccionan los expedientes de acuerdo a los ofrecimientos que realizan los abogados y oficiales de justicia. Para los que son pudientes o tienen solvencia económica la ejecución se dispone habitualmente con inmediatez, mientras que los oficios de aquellos que no tienen nada que ofrecer, siempre en cuanto a coimas, quedan encajonados hasta perder valor.

Uno de los tantos oficios que duermen en las gavetas de los agentes que fungen de abogado de la Policía para facturar tiene un año. Se trata de un simple mandamiento de desahucio de un terreno de 360 metros cuadrados que está ubicado en el barrio Che La Reina de la capital departamental, firmado por el juez civil de primera instancia de Ciudad del Este, Mario Aguayo, en autos caratulados “Pablo Aquino c/ Aldo Florentín Barúa”.

Facsímil. El oficio que ingresó en junio de 2022 en la oficina de Asesoría Jurídica. Sin embargo, hasta la fecha no dieron curso al mandamiento judicial.

El abogado de este caso ya ha acudido en reiteradas ocasiones a la oficina, incluso ya cumplió con las directrices de los encargados de la oficina de Asesoría Jurídica y solicitó al propio director de Policía, comisario general inspector Osvaldo Ávalos, el acompañamiento policial, pero tampoco logró el cumplimiento del mandamiento.

DECENAS DE OFICIOS

Son decenas los oficios encajonados por los responsables de la oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección de Policía del Alto Paraná. Tanto es así que un grupo de abogados está anunciando una denuncia formal ante el Ministerio Público por desacato a una orden judicial contra los integrantes de este departamento policial y el propio director de Policía.