Lo que comenzó como un acto oficial cargado de discursos optimistas, sonrisas forzadas y flashes institucionales, terminó siendo otro capítulo más del largo historial de engaños del presidente Santiago Peña y de su ministra de Salud, María Teresa Barán.

El viernes último, en el marco de la inauguración del nuevo edificio de la Décima Región Sanitaria en Ciudad del Este, la Itaipu hizo entrega de 15 nuevas ambulancias al Ministerio de Salud Pública.

La ciudadanía del Alto Paraná creyó que, al fin, se estaría atendiendo una de las necesidades más urgentes del departamento: el refuerzo del servicio de traslado de pacientes en una región que vive en emergencia permanente.

Sin embargo, la realidad volvió a aplastar la expectativa. De las 15 ambulancias presentadas con bombos y platillos, apenas una sola quedó en Alto Paraná.

El resto fue derivado a otros puntos del país sin previo aviso ni justificación técnica, en una decisión arbitraria que pone nuevamente en tela de juicio la palabra del presidente Peña y la credibilidad del Ministerio de Salud. Durante el acto de entrega, tanto el presidente como la ministra Barán insistieron en su discurso de que el Gobierno estaba comprometido con mejorar el sistema de salud del Este del país. Pero la distribución efectiva de los recursos desmiente esa narrativa.

No solo el Alto Paraná recibió una única ambulancia, sino que, según informaciones provenientes de la cartera sanitaria, los móviles fueron asignados mayoritariamente a otras localidades, incluso a unidades del SEME (Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias), sin priorizar la crítica situación del departamento. Alto Paraná solo recibirá, en total, una unidad UTI y cuatro de soporte básico, de las 206 ambulancias que forman parte del lote adquirido por el Ministerio de Salud.

En comparación, otras zonas del país —con menor densidad poblacional y demanda sanitaria— fueron beneficiadas con una cantidad mayor de vehículos. Esta situación se torna aún más indignante si se considera el colapso del sistema sanitario en la región. El caso más dramático fue expuesto en febrero pasado por el médico Juan Del Puerto González, quien denunció a través de redes sociales la muerte de un niño de 8 años que no logró acceder a una cama de terapia intensiva.

El paciente, que sufría un cuadro grave de shock séptico, fue víctima de la desorganización y burocracia criminal del SEME, que lo trasladó 74 kilómetros hasta Santa Rita, pese a que había un centro privado disponible a solo 6 kilómetros. El médico cuestionó con firmeza las prioridades del sistema, denunciando un supuesto negociado con las UTI del SEME, donde —según sus palabras— se tomaron decisiones basadas en conveniencias administrativas o económicas, por encima de la vida humana.

“La judicialización es un recurso de socorro inmediato, no es una cuestión que se negocia”, sentenció en un video que rápidamente se viralizó. Del Puerto también interpeló directamente a la ministra Barán y a los responsables del SEME: “¿Cuáles son los criterios considerados para tomar decisiones que ponen en riesgo la vida de un paciente, llegando incluso a causar su muerte?”. A la fecha, ni la ministra ni el presidente dieron respuesta alguna a esta pregunta legítima que retumba en la conciencia de todos los ciudadanos del Este. La gestión de María Teresa Barán al frente del Ministerio de Salud es un fracaso constante. Sin capacidad operativa, sin empatía hacia los pacientes, y sin voluntad política de dar respuestas concretas, la ministra es una figura decorativa en una de las carteras más sensibles del Estado.

La falta de planificación en la distribución de ambulancias es solo el reflejo de una inoperancia estructural, pero aún más grave es el hecho de que el presidente Peña no solo sostiene a Barán en el cargo, sino que la respalda públicamente, como si sus errores no tuvieran consecuencias reales. La continuidad de una ministra tan ineficaz representa una burla a las víctimas del sistema, una señal clara de que la salud pública no es una prioridad para este gobierno.

El episodio de las ambulancias forma parte de un patrón ya evidente en la administración de Santiago Peña: hacer anuncios vistosos, pero vacíos. La visita presidencial a Ciudad del Este, con todo el aparataje mediático, tenía como objetivo posicionar una narrativa triunfalista que no resiste el más mínimo contraste con los hechos. El presidente mintió descaradamente al Alto Paraná, sabiendo que lo que estaba presentando no era más que un simulacro de solución.