La controversia creció tras la denuncia del diputado Raúl Benítez, quien sostuvo que la cartera encabezada por Juan Carlos Baruja termina favoreciendo a figuras del poder mientras miles de ciudadanos quedan fuera del sistema.

El caso generó fuerte repercusión porque expone un contraste difícil de explicar políticamente. Mientras la inmensa mayoría de los postulantes no logra superar el filtro inicial, un senador oficialista consiguió acceder a una vivienda financiada con condiciones preferenciales dentro de uno de los planes impulsados por el Estado. Para la oposición, el episodio no solo desnuda un trato desigual, sino que golpea de lleno la credibilidad de una política pública que fue presentada como una herramienta para ampliar el acceso a la vivienda.

De acuerdo con los datos expuestos, el universo de personas inscriptas e interesadas en ingresar al programa Che Róga Porã supera las 75 mil. Sin embargo, el cuello de botella aparece de inmediato: alrededor del 97% de las solicitudes termina siendo rechazado. Eso significa que más de 73 mil carpetas quedan fuera del proceso, dejando apenas un margen mínimo para quienes logran avanzar en la evaluación.

La situación se vuelve todavía más delicada cuando se observa cuántos casos realmente alcanzan una instancia favorable. Dentro del total de postulaciones, apenas una fracción reducida consigue el estado de preaprobación, equivalente aproximadamente al 1% del total. Es en ese grupo extremadamente reducido donde aparece el nombre del senador Javier Vera, conocido como Chaqueñito, quien resultó beneficiado con un departamento en Luque mediante un esquema de crédito con tasas subsidiadas.

La revelación alimentó las críticas sobre el criterio de selección utilizado por el ministerio. Para Benítez, el problema no pasa solamente por el acceso del legislador a una vivienda pública, sino por el mensaje político que deja una adjudicación de ese tipo en medio de cifras tan cerradas para el resto de la población. Según su cuestionamiento, resulta especialmente grave que una autoridad vinculada al oficialismo termine formando parte del porcentaje más reducido de beneficiarios cuando miles de familias ni siquiera logran que su pedido prospere.

La crítica opositora apunta además al sentido mismo que debería tener la política habitacional. Desde esa mirada, el ministerio no puede funcionar como una estructura al servicio del entorno de poder, sino como una institución orientada a responder a la demanda de sectores que realmente enfrentan dificultades para acceder a una vivienda propia. El reproche es que, en lugar de priorizar a quienes más necesitan, el sistema termina mostrando señales de preferencia hacia personas cercanas al circuito político.

El caso de Vera no apareció aislado. También salió a la luz que Venancio Delgado, hermano de la senadora Zenaida Delgado, fue beneficiado con un departamento en el proyecto Las Residentas, donde precisamente también figura el senador oficialista. Esa coincidencia profundizó las sospechas sobre la forma en que se están resolviendo algunas adjudicaciones y reforzó el argumento de que el acceso no estaría regido únicamente por parámetros transparentes y uniformes para todos los postulantes.

Otro de los puntos que agrava la controversia es la falta de precisión pública sobre los criterios que explican semejante volumen de rechazos. Si bien existen categorías como solicitudes en proceso, preaprobadas o rechazadas, no se conocen con suficiente detalle los factores que determinan por qué una enorme mayoría queda eliminada y por qué ciertos casos avanzan con mayor rapidez. Esa opacidad es la que abre espacio a las denuncias de favoritismo y uso discrecional de los programas.

La discusión impacta directamente sobre la imagen del plan insignia de vivienda del Gobierno. Che Róga Porã fue instalado como una de las apuestas más visibles de la administración de Santiago Peña para responder al déficit habitacional, pero la aparición de beneficiarios ligados al poder político, en medio de un filtro tan restrictivo para el resto, pone bajo sospecha la equidad del modelo.

La polémica no se limita a una adjudicación puntual, sino que obliga a revisar si el diseño y la implementación del programa responden realmente a criterios sociales o si terminan reproduciendo privilegios.

En ese contexto, la figura de Chaqueñito vuelve a quedar asociada a un nuevo episodio de cuestionamientos públicos, esta vez no por declaraciones o conductas dentro del Congreso, sino por aparecer como favorecido dentro de una estructura estatal que rechaza casi todos los pedidos. El impacto político del caso aumenta porque se produce en momentos en que la ciudadanía observa con creciente malestar cualquier señal de uso preferencial de recursos o beneficios públicos por parte de dirigentes y autoridades.

La controversia deja al MUVH frente a una presión cada vez mayor para explicar con claridad cómo se evalúan las solicitudes, qué parámetros determinan una adjudicación y por qué personas vinculadas al poder logran ingresar al grupo más exclusivo de beneficiarios mientras decenas de miles de ciudadanos quedan en el camino. El problema ya no pasa solo por una vivienda entregada, sino por la sospecha de que el sistema habitacional del Estado puede estar operando con dos velocidades: una para la gente común y otra para quienes se mueven dentro del círculo político.

El Nacional