Casi una treintena de candidatos esperaron el último día para inscribirse en la convocatoria de selección de defensor del Pueblo y adjunto para el periodo 2026-2031. El plazo cerró este lunes con un total de 67 postulantes.
En las primeras revisiones de perfiles, Última Hora encontró que la defensora del Pueblo adjunta, Natalia Sosa Flores, mantiene su afiliación colorada desde que asumió en el 2023, pese a que la Ley N° 631 la obliga a pedir la suspensión de su estatus partidario mientras dure en el cargo. En esta convocatoria busca la titularidad de la institución o, en su defecto, su reelección.
De esta manera compite con el defensor del Pueblo actual, Rafael Ávila Macke, quien había pedido su exclusión temporal del padrón de la ANR ya en el 2021 cuando fue designado adjunto.
No son casos aislados, teniendo en cuenta que la mayoría de los candidatos figuran con afiliación colorada, respondiendo a viejas prácticas que iniciaron con el stronismo.
Entre las últimas diez personas en inscribirse figura Claudia Jessica Mosqueira Céspedes, quien, si bien no figura en el padrón de la ANR, arrastra un antecedente que complica su candidatura. Se desempeñaba como jueza Penal de Garantías de la ciudad de Villarrica hasta diciembre de 2023, cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió removerla por incumplir su horario laboral.
De acuerdo con los archivos del JEM, la entonces funcionaria judicial llegaba tarde a su oficina, pero además se retiraba con anticipación. Entre el 4 y 29 de julio fue el periodo investigado que reveló la rabona de la ex jueza que ahora busca ser defensora del Pueblo.
Otro caso llamativo es la postulación del concejal de José Falcón, Presidente Hayes, Walter Agustín Olmedo. Fue intendente en el periodo 2006-2010 y luego logró posicionarse en la Junta Municipal durante tres periodos.
Al tiempo de pujar por el cargo de defensor del Pueblo, también busca un cuarto mandato como concejal por el Partido Colorado, según el sistema del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
A partir de ahora, los perfiles ingresan a una etapa de análisis para la conformación de ternas a cargo de la Cámara de Senadores. La última palabra la tiene la Cámara de Diputados, donde por mayoría absoluta se designan los cargos de defensor del Pueblo y su adjunto.



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