Los jueces de Sentencia Inés Galarza, Pablino Barreto y Juan Dávalos integran el Tribunal que llevará adelante la audiencia oral, inicialmente prevista desde mañana hasta el 11 de julio. Los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca representarán al Ministerio Público, que deberá probar en el juicio los hechos atribuidos al parlamentario colorado.

El legislador está sindicado de haber apoyado logísticamente al grupo de narcotráfico, presuntamente liderado por Miguel Ángel Insfrán y el uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la justicia. A Galeano también le atribuyen haber participado en la transacción de compraventa de su inmueble en Aqua Village, que vendió por USD 1 millón en efectivo a Hugo González Ramos, testaferro de «Tío Rico».

La Fiscalía detalla que el acusado «infló» el precio de su lujoso inmueble, sabiendo que le pagarían cualquier oferta que hiciera. El contrato se firmó el 14 de octubre de 2020, en la etapa más dura de la pandemia y en medio de la crisis económica desatada por la misma. Conforme al análisis realizado en el Dictamen Pericial, se puede determinar que el valor estimado actual del inmueble asciende a USD 755.508.

Por otro lado, se resalta que la razón por la cual los citados integrantes de la organización criminal utilizaron la aeronave del acusado para realizar sus respectivos viajes fue que las flotas de aeronaves propiedad de Miguel Insfrán fueron incautadas el 8 de octubre de 2020, en el aeródromo denominado Arrayán, ubicado en la compañía Yukyry, de la ciudad de Areguá, a cargo del entonces fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini (+) y la fiscal Alicia Sapriza.

A cambio de la provisión del medio logístico, relata la acusación, Erico Galeano también percibió sumas de dinero provenientes del tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, las cuales insertó dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, adquiridos entre finales de 2020 y durante el transcurso de 2021.

De tal manera, luego de recibir estas sumas de dinero provenientes de la actividad ilícita, el legislador invirtió en el Club Deportivo Capiatá, específicamente la suma de Gs. 10.379.049.589, monto que él mismo estableció en su DJBR de asunción al cargo de senador, presentada ante la C.G.R. el 15/07/2023, como “Cuentas a cobrar”, lo cual representa una diferencia significativa respecto a su declaración jurada rectificativa anterior, en la que había declarado como “Cuentas a cobrar” al citado club deportivo la suma de Gs. 1.100.000.000.

En ese sentido, la acusación advierte una diferencia sustancial en la inversión realizada, de Gs. 9.279.049.589 más con respecto a años anteriores, en una institución de la que formó parte como miembro de la comisión directiva entre 2008 y 2022, cuyo estadio lleva precisamente su nombre, e incluso fungió como presidente en el mismo período en que jugaba para el club el ciudadano uruguayo prófugo de la justicia, Sebastián Marset Cabrera, a quien también le prestó su aeronave con matrícula ZP-BHQ, propiedad de su empresa Alpina S.A., junto a otros acusados y procesados en el caso ULTRANZA PY.

Asimismo, se destaca que en 2021 compró un automóvil Mercedes-Benz E220d por la suma de USD 69.000 y una camioneta Ford F-150 por el importe de Gs. 138.140.000. Además, en el mismo año adquirió una vivienda ubicada en Ciudad del Este, con una superficie de 480 m², por un valor de Gs. 300.000.000, y un terreno sin edificación situado en la ciudad de San Lorenzo, con una superficie de 360 m², por un valor de Gs. 50.000.000.

«Es decir, las citadas inversiones, así como las adquisiciones realizadas por el Sr. Erico Galeano Segovia, constituyen conductas de inserción del dinero proveniente del tráfico de drogas dentro del sistema financiero y económico nacional, convertido, entre otros, en bienes raíces, vehículos e inversiones en el ámbito deportivo», concluye el Ministerio Público.