En entrevista con ÚH, la fiscala Teresa Sosa Laconich habló acerca de la gran investigación que descubrió cómo se engañaban a estudiantes al expedirles títulos falsos y cómo se habría operado desde el MEC en abierta violación de resoluciones para registrarlos en tiempo récord.

–¿Cómo funciona este esquema de registros irregulares de títulos falsos?

–En esta causa se investiga el uso de los documentos no auténticos; es decir, de títulos falsos. Esta porción de hechos se dividen en dos grupos: Los que hicieron un pago para la obtención de esos títulos pese a no cursar la carrera.

Y el otro grupo que, en su mayoría eran personas del interior, que con esfuerzo se inscribieron en los institutos de enseñanza superior, pagaron matrícula, cuotas y tesis.

Luego estos institutos les decían que ellos no iban a poder emitir el título y que lo iban a hacer a través de una universidad.

Otra vez, los estudiantes pagaban para que realicen el procedimiento de inscripción en el MEC y así obtuvieron ese registro de títulos bajo engaño de que eran auténticos.

El 95% de todos los casos usaron el logo de la Universidad Autónoma de Asunción, que ya ha informado en forma clara que ellos no emitieron esos títulos y que esas personas no son sus estudiantes.

El registro de esos títulos falsos, el más antiguo que tenemos registrado, data del año 2000 y el último del año 2019. No significa que no haya más, pero estamos trabajando ahora sobre 525 causas.

–¿Aquí se puede hablar de coima?

–Estas personas pagaron su matrícula y cuotas en la creencia que estaban efectivamente estudiando en un instituto superior de enseñanza autorizado y el otro grupo, el que habría comprado el título era falso. Entonces, evidentemente se trata de sumas de dinero entregadas para el efecto.

–¿Corresponde a la Fiscalía investigar esos pagos?

–Claro, estamos investigando las diferentes aristas. Se investiga el uso de documentos públicos de contenido falso, ¿Por qué? Porque uso cuando me presento a una convocatoria para un cargo. Uso cuando presento mi título con mi currículum ante el Congreso de la República para obtener un cargo. Es el uso del documento lo que nosotros estamos investigando.

El cobro indebido definitivamente también forma parte de nuestra investigación, ese es como un plus al hecho punible principal que estamos investigando.

Y también estamos investigando a las personas que hicieron posible la inscripción y el registro en el sistema informático del MEC, porque debido a ese procedimiento es que se obtuvo la matrícula profesional. Entonces son varias aristas.

Estamos hablando de que habría participación en la comisión de los hechos punibles de funcionarios del Ministerio de Educación. ¿Por qué motivo? Porque únicamente un funcionario de alto cargo puede tener el usuario para poder inscribir y registrar ese título, caso contrario eso no se puede realizar.

No cualquier funcionario tiene acceso al sistema informático, solo aquellos que tienen el usuario y la autorización pertinente.

–Pero, ¿cómo inicia el caso?

–En el año 2024, yo recibo la primera causa. Allí nosotros realizamos una tarea investigativa de dos años para poder comprender el modus operandi de estas personas.

Y a partir de allí formulamos las primeras imputaciones. Y ahora estamos continuando con las demás causas que nos hicieron llegar por parte del MEC.

No te puedo decir cuántas causas son, pero lo que sí te puedo decir es que estamos investigando hoy 525 casos.

–Desde el 2024 hasta hoy, ¿cuántas personas están imputadas?

–Y en la primera causa están imputadas 14 personas, porque ese fue el número de denunciados en esa causa.

Ahora tenemos otros grupos que todavía no están imputados, porque estamos haciendo una investigación minuciosa para no perjudicar a ninguna persona.

Queremos que las personas vengan, que hagan uso de su derecho a hacer descargo, porque hay que ser muy cuidadosos para no inculpar a una persona inocente que no haya tenido ninguna participación. Esa garantía le queremos dar a todas las personas.

Y en caso de que se confirme (su participación), pues se realiza el procedimiento penal pertinente.

–Respecto a los registros en el MEC, ¿se saltaban los pasos requeridos?

–Sí, porque de acuerdo a las resoluciones, y mira que yo tengo prácticamente todas las resoluciones registradas –la más antigua creo que data del año 1980–. Resoluciones sobre procedimientos para el registro de los títulos.

Y todos tienen una serie de pasos que. Empezando con la verificación de si la persona era bachiller. Y después se sigue.

Hay mucha verificación para concluir. Mínimo, yo creería que tarda de plazo un mes en concluir el registro de un título en el Ministerio de Educación y Ciencias.

Eso es de conocimiento público de cientos de profesionales que realizan ese trámite. Es imposible que sea unas horas o en un día.

Y es imposible que eso denote legalidad. Y sencillo, era gente con los usuarios permitidos quienes escribían y registraban esos títulos y así se les daba la matrícula profesional, en abierta violación a las resoluciones dictadas por el propio MEC.

–¿Estos registros se hacían en días y horarios no hábiles?

–Esa es otra denuncia que el Ministerio de Educación realizó ante la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, donde ellos, haciendo una auditoría de su sistema informático, encontraron que se accedió a su sistema en horarios y días no hábiles.

Pero todavía eso no se confirmó, recién ahora con la pericia eso se podría confirmar. Esta es otra tarea investigativa.

–Pero evidentemente, el tema de los títulos falsos es una caja de Pandora...

–Y bueno, lo importante es que las denuncias sean hechas para poder hacer las investigaciones correspondientes y ojalá se pueda llegar a todos los participantes y el Ministerio de Educación y Ciencias pueda trabajar para fortalecer su sistema de control.

–¿Con relación al Cones hay sospechas?

–Nosotros al Cones lo que le estamos solicitando son los procedimientos y la información de las habilitaciones de las carreras y de los institutos o de las universidades.

El Cones tiene otra tarea que es verificar que esas universidades cumplan con todos los requisitos para impartir esas carreras de estudio, al igual que los institutos de enseñanza.

Y si es que no cumplen, lo que tienen que hacer es cancelarlos en forma inmediata para que los ciudadanos de la República, sobre todo a los compatriotas que viven en el interior del país, no sean más estafados.

–De forma personal, ¿cómo te toca esta causa?

–Y bueno, acá tenemos un equipo de trabajo excelente que tomó con mucho interés esta causa porque afecta a la educación de los niños y de las niñas del país.

Es un caso de interés público. Muchos conciudadanos están siendo estafados por estas personas.

Entonces, estamos tomando con mucha seriedad. Estamos trabajando lo más ágil que podemos y espero que todas las instituciones a quien solicitemos los informes los puedan entregar con la mayor celeridad posible, porque de eso dependemos para continuar con la tarea investigativa.

Y en ese sentido, el apoyo del MEC es crucial.

• Únicamente un funcionario de alto cargo puede tener el usuario para poder inscribir y registrar ese título, caso contrario no se puede. No cualquier funcionario tiene acceso al sistema informático.

Teresa Sosa

Abogada, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas por la Universidad Católica. Es agente fiscal de la Unidad Penal N° 20 de Asunción.

Es máster en Derecho Penal. Realizó una especialización con el profesor Wolfgang Schone y otra en la Universidad Autónoma de Madrid.