Durante la movilización se exhibieron pancartas que exigen un juicio político al presidente Santiago Peña, mientras avanzan las investigaciones contra directivos de la entidad y crece la preocupación por los fondos de los ahorristas y de las instituciones públicas.

Las primeras movilizaciones ciudadanas comenzaron a registrarse este martes 3 de noviembre en el microcentro de Asunción, como reacción a la crisis financiera de Ueno Bank, que durante las últimas horas provocó detenciones de directivos, millonarias medidas judiciales y la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas durante la tarde, ciudadanos comenzaron a concentrarse en el centro de la capital para expresar su rechazo a la situación generada por el procedimiento de resolución bancaria y sus consecuencias para los depositantes y las instituciones públicas.

En las imágenes de la movilización se observa una pancarta colocada sobre una estructura metálica, con un mensaje dirigido directamente al mandatario: "Juicio político al presidente Santiago Peña ya".

La consigna refleja el reclamo de los manifestantes que impulsan la destitución del jefe de Estado mediante el mecanismo constitucional del juicio político, aunque hasta el momento no se informó sobre una iniciativa formal presentada ante la Cámara de Diputados con ese propósito.

La protesta surge en una jornada marcada por importantes acontecimientos relacionados con Ueno Bank, cuya situación financiera derivó en la intervención de las autoridades monetarias y la suspensión de sus operaciones habituales.

El Banco Central resolvió iniciar el procedimiento de resolución de la entidad después de detectar un deterioro de sus indicadores de solvencia, como consecuencia de ajustes contables relacionados con la reclasificación de operaciones crediticias hacia categorías de mayor riesgo.

Según los antecedentes presentados ante el Poder Judicial, estos ajustes determinaron un déficit de previsiones superior a G. 1,6 billones y provocaron que el índice de solvencia TIER 2 del banco descendiera del 13,85 % al 5,56 %.

La crisis también derivó en una investigación penal impulsada por el Ministerio Público, que dispuso medidas contra integrantes de la conducción de la entidad financiera.

Entre los acontecimientos reportados durante la jornada figura la entrega del empresario Federico Miguel Vázquez Villasanti, identificado como beneficiario final de Ueno Bank, quien se presentó alrededor de las 16:00 ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.

Paralelamente, el juez Walter Mendoza dispuso un embargo preventivo de bienes contra accionistas, empresas controlantes y directivos del banco, hasta cubrir USD 70 millones y G. 1.621.853.458.972, a pedido del Banco Central.

La situación también provocó consecuencias en la conducción del organismo regulador, luego de que Carlos Carvallo presentara su renuncia a la presidencia del BCP.

Posteriormente, el presidente Santiago Peña se pronunció sobre la crisis y confirmó que había solicitado la dimisión de Carvallo. Asimismo, anunció un acuerdo con los presidentes de ambas cámaras del Congreso para impulsar una ley destinada a acelerar la devolución de los depósitos de los ahorristas y garantizar la recuperación de los recursos públicos comprometidos en la entidad.

El mandatario aseguró que se trata de un caso particular que no representa una crisis generalizada del sistema financiero y sostuvo que quienes resulten responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones ni privilegios.

Por su parte, el Banco Central anunció que los ahorristas de Ueno Bank recibirán un primer desembolso de hasta G. 10 millones, con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos, mientras que los saldos pendientes serán abonados posteriormente conforme a un calendario que todavía deberá establecerse.

La incertidumbre sobre la recuperación de los ahorros y la exposición de importantes recursos estatales, entre ellos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras cajas jubilatorias, constituyen algunos de los principales aspectos de preocupación pública en torno a la crisis.

En este escenario, las primeras expresiones de protesta comenzaron a trasladar el conflicto financiero al espacio público, con reclamos que apuntan directamente a la responsabilidad política del Poder Ejecutivo.

Hasta el momento, no se dispone de una estimación confirmada sobre la cantidad de personas congregadas ni de información sobre eventuales incidentes durante la movilización.

Las concentraciones se producen mientras continúan las actuaciones fiscales, judiciales y administrativas relacionadas con Ueno Bank, en una crisis que ya tiene repercusiones financieras, institucionales y políticas.