La imputación expone que las citadas escribanas habrían facilitado la transferencia irregular de bienes de Rodrigues Gomes a pesar de las medidas judiciales en su contra; se cree que él, al estar privado de libertad, planificó estas irregularidades con ellas.

Dentro del esquema, Cáceres Olmedo, con matrícula N.º 1083,, según las sospechas, habría solicitado certificados de anotaciones personales, y a pesar de que el primer certificado mostraba una inhibición, solicitó otro que, debido a una supuesta alteración en la base de datos, informó que el imputado gozaba de la libre disposición de sus bienes. 

Esto le permitió formalizar transferencias de vehículos a favor de César García y Rosa Catalina Domínguez. Las transferencias a Rosa Catalina Domínguez son particularmente relevantes, ya que ella había fallecido en diciembre de 2020, de acuerdo a la investigación. 

Por su parte, Ozuna Leguizamón, Matrícula N.º 462, habría formalizado un «Poder General de Administración» en 2019 a favor de Roberto Santiago Ayala Galeano, otorgado supuestamente por Faustino Ramón Aguayo Cabañas, quien en realidad es una persona privada de libertad desde 2021. 

Este poder fue invocado por la escribana Cáceres Olmedo para realizar las transferencias.

finalmente Verón de Jara, Nº 330, habría redactado escrituras públicas de transferencia de vehículos, dejando constancia de la comparecencia de Alexandre Rodrigues Gomes en septiembre de 2024, a pesar de que este se encontraba recluido en la Penitenciaría de Encarnación y no había abandonado el recinto. 

Además se resalta que estas escrituras no contenían la firma del imputado, aunque se expidieron copias y se inscribieron los vehículos ante el Registro del Automotor.

Para el Ministerio Público, las profesionales formarían parte de una estructura que busca enajenar bienes de personas vinculadas al narcotráfico para frustrar el comiso por parte del Estado Paraguayo.