La legisladora afirmó que el aumento de patrimonio, que según indicó rondaría el 1.600%, genera serias dudas sobre el origen de los recursos y las condiciones en las que se concretaron operaciones financieras vinculadas a grupos empresariales.

Martínez también apuntó al rol de la Contraloría General de la República, que dio por cerrado el análisis patrimonial del mandatario, pese a las dudas planteadas. En ese contexto, cuestionó si la Fiscalía investigará posibles hechos de tráfico de influencias, conflicto de intereses o uso del poder para favorecer negocios privados.

“La pregunta no es solo cuánto creció el patrimonio de Peña, sino quién lo financió, bajo qué condiciones y qué recibió después ese grupo empresarial del Estado paraguayo”, sostuvo la senadora