La resolución también ordena levantar todas las medidas cautelares personales que pesaban sobre las tres mujeres, incluidos embargos y fianzas, y otorga al Ministerio Público un plazo de un año para completar 57 diligencias pendientes, entre ellas la ampliación de una pericia contable considerada clave.

Según la investigación, el presunto esquema financiero habría operado entre 2019 y 2021 mediante varias empresas, utilizadas para inyectar multimillonarias sumas al sistema financiero, incluyendo la compra de inmuebles, aeronaves, vehículos de alta gama y ganado, con movimientos bancarios superiores a Gs. 50.000 millones. Las firmas habrían sido consideradas por la Fiscalía como “empresas de maletín”, sin actividad real ni empleados registrados.

El Ministerio Público indicó que las imputadas no contarían con capacidad económica lícita para justificar estas operaciones, por lo que habrían sido usadas para dar apariencia de legalidad a los fondos de Benítez, quien sigue siendo investigado como presunto líder de la estructura y responsable de multimillonarias transferencias y adquisiciones de alto valor.