La estancia Pindó era una empresa agropecuaria, con más de 50 años de antigüedad, ubicada a 70 km. al este de Curuguaty, sobre la Ruta 10, con dirección a Salto del Guairá. Antes de ser invadida, se dedicaba a la producción de ganado Brangus de élite, desarrollado en 1.500 hectáreas de pastura, 1.000 hectáreas de agricultura y poseía 2.780 hectáreas de monte virgen aproximadamente, inscriptas como reserva forestal.

Margarita Colmán, abogada representante de los propietarios, confirmó en entrevista con el canal GEN la tregua acordada este jueves con los invasores, conocidos como el Asentamiento 1ro. de Marzo, para evitar cortes de ruta, mientras se gestiona una reunión con el ministro del Interior, Enrique Riera.

La abogada Colmán enfatizó que las 6.500 hectáreas en disputa no son tierras fiscales, sino propiedades privadas. La invasión no solo afecta las 4.500 hectáreas que los ocupantes pretenden expropiar, sino la totalidad de la finca.

“Son tierras privadas, ellos tomaron la totalidad de la finca”, aseguró Colmán. Lamentó que la situación judicial esté paralizada debido a que los principales cabecillas, que tienen órdenes de captura, siguen prófugos.

La abogada relató que la estancia fue “devastada, saqueada y quemada hasta los cimientos” a lo largo de los años. Colmán, quien incluso fue tomada de rehén en una ocasión, recordó el violento ataque de 2019 donde 300 personas atacaron y quemaron el último sector que quedaba de la estancia, el Retiro Guaraní.

La denuncia más grave se centra en el lucro ilegal que obtienen los invasores. Según la abogada, los ocupantes irregulares son los “señores de la propiedad” y obtienen ingresos económicos significativos al cobrar por el arrendamiento de las tierras invadidas, donde se siembra soja y se realiza pastoreo.

Así también, se hallaron zonas donde se planta marihuana y se usan productos para su refinamiento. Además, la reserva boscosa de 2.800 hectáreas fue totalmente talada y devastada, desapareciendo toda la madera de valor.

La estancia, que se dedicaba a la ganadería de élite (raza Brangus), valúa sus tierras en unos USD 12.000 a USD 15.000 por hectárea debido a su alta calidad y productividad.

Colmán indicó que la reubicación de los invasores siempre fue una vía posible de solución planteada al inicio del conflicto. Sin embargo, el Estado paraguayo nunca consiguió tierras para reubicar a la gente y, además, los ocupantes “no quieren la reubicación” porque las tierras invadidas ofrecen todo lo que necesitan para lucrar ilegalmente.

Por último, la abogada criticó duramente al intendente de Ybyrarobaná, César Machuca, por negociar con quienes identifica como delincuentes. “La verdad que a esta hora yo no entiendo hasta qué lado está jugando este señor. No sé qué es lo que vos podés ir a negociar con delincuentes, porque no estamos hablando de pobres campesinos,” cuestionó Colmán.