El senador liberal Éver Villalba cuestionó al Gobierno por el estado de la ruta PY08 y apuntó a la falta de intervención estatal por una serie de accidentes fatales registrados en ese tramo, entre ellos la reciente muerte de un médico que se dirigía a cumplir su guardia. Su equipo jurídico se encuentra analizando la presentación de una denuncia contra la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y otros eventuales responsables.

El legislador sostuvo que el deterioro de la ruta PY08, especialmente en la zona de Lima, departamento de San Pedro, representa un riesgo permanente para los usuarios y afirmó que el Estado debe asumir su parte por la ausencia de acciones concretas para garantizar condiciones mínimas de seguridad vial.

"La inacción del Gobierno es criminal y alguien tiene que pagar la responsabilidad. Esto tiene que tener una responsabilidad penal y le pedí a mi equipo evaluar la posibilidad de llevar este tema al ámbito penal, pedir a la Fiscalía que investigue y que los responsables penalmente asuman esa responsabilidad", apuntó Villalba.

La inacción del Gobierno es criminal y alguien tiene que pagar la responsabilidad. Le pedí a mi equipo evaluar la posibilidad de llevar este tema al ámbito penal, pedir a la Fiscalía que investigue y que los responsables penalmente asuman esa responsabilidad

El mal estado de las rutas ya se cobró la vida de médicos y efectivos policiales, profesionales formados con recursos del Estado, cuya pérdida Villalba considera consecuencia directa de la falta de mantenimiento en esta ruta que une varias ciudades en la zona norte del país.

El tramo afectado, conocido popularmente como la "ruta de la muerte", fue licitado el año pasado y adjudicado por un monto cercano a los G. 100.000 millones. El contrato fue firmado el 12 de noviembre de 2025 con la empresa Tocsa SA, representada por Ignacio Ortellado Rolón, para el mantenimiento y mejoramiento de aproximadamente 151 kilómetros que unen el Cruce 6000, en San Estanislao, con la localidad de Azotey, en el departamento de Concepción.

El senador Ever Villalba.

De acuerdo con la resolución de la adjudicación, las obras debían ejecutarse en un plazo de 24 meses e incluir la garantía de condiciones adecuadas de transitabilidad. Sin embargo, al revisar el llamado identificado con el ID 469587 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), no figura actualmente ningún proceso de licitación en curso ni avances visibles en la ejecución del contrato.

La ruta PY08 Dr. Blas Garay, en el tramo de unos 150 kilómetros comprendido entre la colonia 6.000 Defensores del Chaco, en la ciudad de Guayaibí, en el departamento de San Pedro, y Azotey, departamento de Concepción, es considerada uno de los corredores más peligrosos del país.

Desde hace más de dos años, el sector se encuentra prácticamente intransitable, debido a la falta de mantenimiento tras quedar sin empresa contratada para su conservación y que aumentan los cuestionamientos hacia la gestión de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.