El medio de noticias digital El Faro obtuvo la investigación inconclusa y publicó algunas de sus partes, que incluyen transcripciones de llamadas telefónicas interceptadas, archivos de audio, mensajes de texto e imágenes de cámaras de vigilancia, entre otros materiales que demuestran que los funcionarios de la administración llevaron a cabo negociaciones secretas con la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños.
No está del todo claro cuál es el quid pro quo entre las partes. Sin embargo, parece que, como mínimo, los líderes de las pandillas acordaron reducir los homicidios a cambio de mejores condiciones en las cárceles, lo que incluye comunicaciones más frecuentes entre los líderes de las pandillas en las cárceles y los que se encuentran por fuera de ellas. La mayoría de las pruebas reunidas por el Ministerio Público están relacionadas con funcionarios del gobierno que facilitaron estas comunicaciones dentro de las cárceles.
La investigación, denominada Operación Catedral, fue adelantada por una unidad especial de la fiscalía —la cual fue creada por el exfiscal general Raúl Melara para investigar las negociaciones entre las dos administraciones anteriores y las pandillas—. Dicha unidad allanó la Oficina de Prisiones del país en septiembre de 2020, donde incautó discos duros y libros de registros, poco después de que se publicara un informe de El Faro que dio a conocer el tema de las conversaciones del gobierno de Bukele con las pandillas.
Los fiscales además intervinieron líneas telefónicas, siguieron los movimientos de los sospechosos y entrevistaron a testigos, según informó El Faro, medio que confirmó gran parte de la investigación mediante sus propias entrevistas.
Algunas de las evidencias más sólidas de las negociaciones provienen de grabaciones de audio de líderes de pandillas, así como imágenes de cámaras de vigilancia de presuntos líderes de pandillas y negociadores del gobierno con pasamontañas, acompañados a las prisiones por Osiris Luna, director de prisiones de El Salvador.
En grabaciones transcritas por El Faro, algunos pandilleros de la MS-13 se refieren a las negociaciones y hablan de la necesidad de mantener los asesinatos en niveles mínimos. En una de ellas, un pandillero dice que a los funcionarios del gobierno les preocupa que “podamos cometer el más mínimo error”.
“A ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error para que esto no fracase y no salga a la luz pública que hay un entendimiento”, agrega.
En otra conversación, los pandilleros hablan en código acerca de los homicidios, diciendo que hubo más palmes (asesinatos) en octubre y que esto causaría una pérdida de privilegios en “las casas”, término que usan para referirse a las prisiones. Un pandillero afirma que “el sistema ya sabe que nosotros a cero”, aparentemente refiriéndose a las instrucciones de los líderes de reducir los asesinatos a cero.
Las fotos de videovigilancia y las entrevistas con el personal de las prisiones muestran que hubo funcionarios del gobierno que participaron en las negociaciones. Carlos Marroquín, jefe de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, organismo gubernamental encargado de implementar programas sociales, educativos y económicos en barrios marginados, supuestamente asistió a varias reuniones con hombres que llevaban pasamontañas y que los investigadores identificaron como líderes de pandillas, según El Faro. En ocasiones, el propio Marroquín iba enmascarado al entrar y salir de las cárceles.
La investigación también reveló que Luna, el director de prisiones, aparentemente facilitó reuniones entre líderes encarcelados de Barrio 18 Sureños y hombres con pasamontañas, y que llevó a cinco hombres enmascarados a una reunión en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, según un informe interno del encargado de esa prisión. Según El Faro, Luna y el oficial encargado del penal permanecieron afuera de las instalaciones mientras los hombres se reunían con líderes de las tres pandillas.
Luna también presuntamente ayudó a encubrir las negociaciones con las pandillas después de que El Faro informara, en septiembre del año pasado, que aparecía en libros de registros acompañando a líderes de pandillas enmascarados a las cárceles. Según la última investigación, Luna ordenó la eliminación de 221 libros de registro de Zacatecoluca, así como discos duros y computadoras.
Bukele no ha respondido directamente al informe de El Faro, pero dijo en Twitter: “Quieren que contestemos el mismo refrito, que ya contestamos y que ya publicaron 5 veces”.



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