Una situación que a todas luces no pasa de ser una encarnizada persecución de tinte político a distintas administraciones municipales liberales sigue marcando las pautas dentro del actual Gobierno de la Gente de Mario Abdo Benítez, empeñado en recuperar, a cualquier costo y avasallando todo principio legal, importantes cabeceras departamentales, como la nuestra; Pedro Juan Caballero, para el Partido Colorado.

Esta vergonzosa situación tiene su origen o solo en sucias maniobras hechas por dirigentes y concejales municipales colorados, sino también, como en nuestro caso, con la activa y hartera complicidad de algunos pseudoliberales que, por simples apetencias económicas personales se embarcan en este tipo de aventuras, pisoteando principios constitucionales e ignorando a rajatabla cualquier documentación del organismo contralor y de los propios intendentes afectados, a quienes ni siquiera se les ha dado el derecho a la defensa.

Como ejemplos cercanos tenemos en nuestra región norte la administración colorada del distrito de Arroyito en Concepción, a cargo del cartista Samuel González. La propia Junta Municipal en peso y la población en masa, se levantaron contra el mismo debido a una colosal supuesta tragada de los recursos del Fonacide. El pedido de intervención se hizo en noviembre del año pasado, pero sugestivamente parece ser que se “traspapeló” en el despacho presidencial y hasta hoy no ha sido remitido a Diputados.

Otro caso similar se da con el también cartista intendente de Azotey, Concepción, Feliciano Arévalos Figueredo, quien desde diciembre soporta el pedido de intervención de su administración por el supuesto deficiente manejo de los fondos provenientes de Itaipú (Royalties). “Casualmente” dicho pedido también sigue encajonado en el Palacio de López.
Esto da la pauta de que las denuncias que obran tanto en la Contraloría General de la República, como en el Congreso Nacional, son tramitadas en muchos casos con amañadas y oscuras diligencias para perjudicar pura y exclusivamente a las administraciones con intendentes liberales, buscando destituirlos y colocar en su lugar a los correlies de turno.

Cabe significar- una vez más para dejar bien en claro la diferencia, que el pedido de intervención de la administración José Carlos Acevedo, aprobado semanas atrás en una sesión “mau” por siete concejales sinvergüenza, tres liberales y cuatro colorados, fue "aprobado" a finales de enero y ya está en la Cámara de Diputados, pronto para su “estudio gua’u” en la Comisión de Asuntos Municipales.