Durante una protesta contra su destitución en el centro de San Salvador, varios empleados carcelarios aseguraron haber sido testigos de irregularidades relacionadas con las negociaciones, que incluyeron órdenes de retirar sistemas de vigilancia y no grabar el ingreso de funcionarios del gobierno en los libros de registro, informó La Prensa Gráfica. Desde octubre, se dice que unos 500 empleados del sistema penitenciario han sido destituidos sin más explicación que una breve carta de Osiris Luna, ministro encargado de justicia y director de prisiones de El Salvador, según declaró un portavoz en la protesta.

Las denuncias se conocen menos de un año después de que una investigación penal archivada vinculara a Luna con negociaciones secretas entre funcionarios de gobierno y líderes de las pandillas en diferentes prisiones. Las negociaciones supuestamente hacían parte de un pacto nacional mediante el cual las pandillas reducirían las tasas de homicidios a cambio de privilegios en la prisión y otras concesiones.

"Los están depurando [a los empleados] porque tienen miedo de que hablen la realidad de lo que ha pasado y sigue pasando en los centros penitenciarios", comentó Stanley Quinteros, vocero sindical. "Nos referimos a las negociaciones que ha tenido este gobierno con las pandillas", añadió.

Otro representante de los empleados destituidos denunció que los funcionarios de prisiones de El Salvador llegaron incluso a llevar a hospitales a reclusos pertenecientes a las pandillas para que se reunieran con otros pandilleros.

Estas acusaciones se conocen después de que el Departamento del Tesoro estadounidense incluyera a Luna en una lista negra, en diciembre de 2021. En un comunicado, el ente gubernamental señaló a Luna de "coordinar, facilitar y organizar varias entrevistas secretas entre líderes de pandillas privados de la libertad, en la que se permitió a reconocidos pandilleros el ingreso a las instalaciones carcelarias para reunirse con la ranfla (líderes)".

Además, añadió en el comunicado que "esos encuentros hicieron parte de los esfuerzos del gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con la plana mayor de las pandillas".

Luna ha negado cualquier negociación con las pandillas, pero aún no se pronuncia sobre las nuevas acusaciones lanzadas por los empleados destituidos.