La fiscal Sonia Sanguines explicó que actualmente el tribunal solo evaluará la dosificación de la pena, pues en la primera fase del juicio se demostró que los hechos ocurrieron conforme a lo descrito en la acusación. “En esta etapa del juicio solo se analizará lo que establece el artículo 65, que es la medición de la pena. Esto nos lleva a concluir que serán sancionados penalmente por los hechos, ya probados en la primera etapa del juicio”, subrayó Sanguines.

Bower, Palacios y Vera son acusados de someter a tortura a Alfredo Cáceres y Jorge Luis López, dos policías implicados en un fallido intento de golpe de Estado. Según la Fiscalía, Palacios y Vera habrían infligido maltratos físicos y psicológicos a las víctimas en presencia de Bower, quien, pese a tener la autoridad para detener los abusos, optó por no intervenir, lo cual, argumenta la fiscalía, lo convierte en cómplice de los crímenes.

Durante sus alegatos, Sanguines subrayó el nivel de violencia y las violaciones de derechos humanos cometidas, detallando que las víctimas sufrieron golpes prolongados mientras permanecían con los ojos vendados y las manos atadas. “Fueron golpeados durante 45 minutos, con los ojos vendados y las manos atadas, por compañeros de la institución que servían. Todo esto ocurrió bajo la mirada permisiva de Walter Bower”, recalcó la fiscal, señalando que el exministro tenía una “posición de garante” y falló en su deber de proteger a las víctimas. La presencia documentada de Bower en el lugar de los hechos es clave para sostener la acusación en su contra.

Además, Sanguines destacó que la detención de Cáceres y López se realizó sin una orden judicial, y aunque posteriormente se abrió un sumario administrativo, esto ocurrió después de la detención, lo cual, según la fiscal, solo agrava la naturaleza ilícita de las acciones de los acusados. “Estos actos constituyen un trato inhumano y degradante, infringido bajo la autoridad del exministro”, señaló Sanguines.

El proceso ha estado marcado por recusaciones de la defensa, quienes solicitaron apartar al pleno del tribunal y presentaron recusaciones contra la jueza Laura Ocampo, alegando la existencia de un audio que, según ellos, compromete la imparcialidad del Tribunal. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones rechazó estas recusaciones en dos oportunidades, permitiendo que el juicio se retome este lunes. En esta audiencia, la fiscal Sanguines presentará el pedido de años de condena que considera adecuado, en lo que podría ser un cierre a casi nueve meses de proceso judicial y que podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de altos funcionarios en casos de abuso de poder y violaciones a los derechos humanos.

El Observador