El expresidente está acusado de participar en una conspiración internacional mediante la cual se traficaron 500 toneladas de cocaína de Honduras a Estados Unidos, que comenzó a principios de la década de 2000 y se extendió por dos décadas, como consta en los fragmentos de la solicitud de extradición a Estados Unidos publicados por Proceso.* Según se lee en los documentos de extradición, Hernández recibió millones de dólares en sobornos y ganancias, de parte de grupos de traficantes de México y otros países, a cambio de proteger a los traficantes frente a posibles investigaciones, arrestos y extradiciones. Los fiscales estadounidenses también acusan a Hernández de transmitirles inteligencia policial y militar sensible a los narcotraficantes, a la vez que utilizaba a miembros de las fuerzas de seguridad de Honduras para proteger los cargamentos de drogas.

Un juez de la Corte Suprema de Honduras emitió una orden de arresto contra Hernández el 15 de febrero, un día después de que Estados Unidos solicitara su extradición, como consta en un comunicado de Melvin Duarte, portavoz del sistema judicial de Honduras. Hernández fue detenido en su casa en Tegucigalpa, como informó CNN Español. Encadenado y con un chaleco antibalas, el expresidente fue colocado en una furgoneta de la policía.

Previamente, en un mensaje de audio publicado en Twitter, Hernández había dicho que estaba dispuesto a “colaborar”.

La solicitud de extradición se dio a conocer cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras anunció en un tuit del 14 de febrero que la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa había solicitado el arresto de un político hondureño. Aunque el ministerio no dio a conocer el nombre del funcionario, CNN Español informó que se trataba de Hernández.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha hecho ningún comentario sobre la solicitud, ni se ha anunciado ninguna acusación formal contra el expresidente.

Hernández terminó su mandato el 27 de enero, tras la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. La elección de Castro el año pasado puso fin a más de una década de gobierno del Partido Nacional, al que pertenece Hernández.

Unas cuantas horas después, Hernández prestó juramento como representante del Parlamento Centroamericano (Parlacen), que otorga a sus miembros inmunidad de enjuiciamiento. Sin embargo, dicha inmunidad puede ser suspendida o revocada si así lo exige el país de origen de uno de los miembros, como señala Luis Javier Santos Cruz, fiscal anticorrupción hondureño.

“No hay impedimento para su extradición”, escribió Santos Cruz en Twitter.