Uno de los primeros episodios se remonta a 2006, en pleno mandato de Nicanor Duarte Frutos, cuando impulsó su candidatura para presidir la Junta de Gobierno de la ANR sin dejar la Presidencia de la República. Aquella decisión fue rápidamente judicializada por el entonces diputado y abogado Edmundo Rolón Osnaghi, quien presentó una impugnación basada en la incompatibilidad de funciones, argumentando que el jefe de Estado debía ejercer su cargo con dedicación exclusiva, sin superponer responsabilidades de conducción política partidaria.

El planteamiento no era menor: instaló la idea de que la investidura presidencial tiene límites claros y no puede ser utilizada como plataforma para acumular poder en otras estructuras, incluso si estas son partidarias. Aunque la Justicia terminó habilitando la candidatura, la presión política obligó a Duarte Frutos a retroceder parcialmente, solicitando un permiso indefinido tras asumir la presidencia de la ANR, lo que evidenció la fragilidad de ese intento de expansión de funciones.

Ese antecedente marcaría el inicio de una serie de maniobras que, ya fuera durante o después del mandato, apuntaron a tensionar los límites constitucionales. En 2008, tras dejar la Presidencia, Duarte Frutos dio un paso más allá al intentar asumir como senador activo, pese a que la Constitución establece que los expresidentes pasan automáticamente a ocupar una banca como senadores vitalicios, con voz pero sin voto.

El entonces mandatario alegó que había sido electo y proclamado como senador y que, por tanto, debía asumir con plenos derechos. Sin embargo, el Senado le bloqueó el juramento, sosteniendo que la condición de senador vitalicio no es opcional ni renunciable. La disputa escaló hasta la Corte Suprema, que años después emitió fallos contradictorios, pero el episodio dejó instalado un punto clave: la figura de la senaduría vitalicia no solo es un reconocimiento, sino también un límite institucional para evitar el retorno inmediato al poder político activo.

Años después, el escenario se repetiría con mayor intensidad durante el gobierno de Horacio Cartes. En 2017, el oficialismo impulsó una enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial, lo que derivó en una crisis institucional sin precedentes recientes. Las protestas ciudadanas, la represión y la quema del Congreso marcaron un punto de quiebre en la resistencia social a cualquier intento de modificar las reglas de permanencia en el poder.

Tras fracasar la enmienda, Cartes también buscó incorporarse como senador activo en 2018, pese a que, como expresidente, le correspondía la condición de senador vitalicio. Nuevamente, el conflicto giró en torno al mismo eje: si la Constitución permite o no que un exmandatario abandone esa figura para recuperar voto y poder dentro del Congreso.

La discusión que hoy se reabre con proyectos que plantean reglamentar la senaduría vitalicia e incluso habilitar la renuncia a esa condición retoma exactamente ese camino ya transitado. El punto más sensible es que, de concretarse, permitiría a los expresidentes no solo volver al Senado con voto, sino también acceder a espacios de conducción interna, integrar la mesa directiva y posicionarse en la línea de sucesión presidencial.

En los hechos, esto implicaría abrir una vía indirecta hacia el retorno al poder, en un sistema donde la Constitución prohíbe de manera tajante la reelección presidencial. Por eso, cada uno de estos intentos —desde la doble función buscada por Duarte Frutos, pasando por su intento de jurar como senador activo, hasta la crisis de 2017— aparece como parte de una misma lógica: la de tensionar, reinterpretar o bordear los límites constitucionales para sostener influencia política más allá del mandato.

El debate actual, lejos de ser novedoso, se inscribe así en una historia repetida, en la que la senaduría vitalicia deja de ser un reconocimiento institucional para convertirse en el centro de una disputa por el poder real dentro del Estado.

El Nacional