La organización campesina sostiene que estos hechos se suman a un largo historial de procedimientos amañados, corrupción de funcionarios públicos y tierras malhabidas que, en la época del extinto Instituto de Bienestar Rural (IBR), alcanzaron más de 8 millones de hectáreas, práctica que la FNC asegura continúa en la actual gestión del INDERT.

En contraste, unas 300.000 familias campesinas siguen sin acceso a la tierra, mientras cientos de asentamientos campesinos e indígenas permanecen en situación de zozobra por la falta de legalización de sus ocupaciones y las constantes amenazas de desalojo.