De acuerdo a documentos a los que accedió en exlusiva LPO hay una orden de allanamiento pendiente a las oficinas de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Lorenzo por una serie de denuncias presentadas ante el Ministerio Público sobre irregularidades. Los casos apuntan directamente al intendente Felipe "Felipito" Salomón, expuesto a los delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal, cobro indebido de honorarios y manipulación indebida de sistemas informáticos de la comuna. El intendente también es acusado por contratar a familiares.

El daño patrimonial es difícil de calcular debido que las irregularidades fueron detectadas en varios proyectos de obras para la ciudad, que en su mayoría datan de 2022 y 2023, pero la fiscala María Genoveva Figueredo todavía no tomó cartas en el asunto, mientras las denuncias parmanecen cajoneadas desde hace casi un año. La oposición sostuvo que el equipo jurídico de Salomón tiene "afinidad" con Figueredo e incluso con el fiscal adjunto Édgar Romero, involucrados en casos judiciales de otros intendentes.

Todos las pruebas fueron arrimadas al Ministerio Público por el concejal liberal Isaac Rojas, quien pidió abrir una investigación en base a los nueve casos por irregulares que fueron confirmadas mediante una auditoría interna de la comuna ante la falta de cumplimientos de los contratos por parte de la gestión del intendente abdista en los diferentes proyectos de obras.

Entre los diferentes casos figuran las obras de mejoramiento del paseo central de la avenida Coronel Romero, donde se le acusa a Salomón de daños patrimoniales, lesión de confianza, cobro indebido y asociación criminal. Para ese proyecto, el jefe comunal contrató como fiscal externo al arquitecto Carlos Javier Duarte Martínez, su tío político, y a María Olga Giménez, su suegra.

Entre los diferentes casos figuran las obras de mejoramiento del paseo central de la avenida Coronel Romero, donde se le acusa a Salomón de daño patrimonial, lesión de confianza, cobro indebido y asociación criminal. Para el proyecto contrató como fiscal externo al arquitecto Carlos Javier Duarte Martínez, su tío político, y a María Olga Giménez, su suegra

La obra alcanzó un nivel de ejecución del 78% y la auditoría interna arrojó una serie de incumplimientos del pliego de bases para la instalación de las mejoras, como el uso de maquinarias y personal municipal en favor de la empresa adjudicada, Grupo HTE Consulting SA. En total se desembolsaron unos G. 195.071.644 que fueron transferidos a la empresa a pesar de haber fenecido la póliza de garantía de cumplimiento del contrato.

El fiscal general Emiliano Rolón.

Gentileza

"Lastimosamente, la fiscal que lleva el caso es muy diligente con ellos. Y a mí ni siquiera me da acceso al expediente. Lo que no me sorprendería es que, a pesar de las pruebas, el caso sea rechazado. Recusó a la fiscal, pero el fiscal adjunto lo rechazó", señaló Rojas. El mismo día en que fue rechazada su recusación, y tras haberse reunido con el intendente, Romero solicitaba a la Municipalidad que pidiera autorización al Congreso para la desafectación y venta de inmuebles al Ministerio Público a título gratuito.

La otra obra en el foco de la investigación consiste en el mejoramiento del paseo central de la avenida Manuel Ortiz Guerrero. Salomón aprobó una inversión de G. 291.872.381 y las transferencias fueron realizadas en horario nocturno por medio del sistema informático de la comuna, sin contar con las firmas de las áreas contables ni de la Auditoría Institucional, lo que viola la ley de Administración Financiera.

Salomón aprobó una inversión de G. 291.872.381 y las transferencias fueron realizadas en horario nocturno por medio del sistema informático de la comuna, sin contar con las firmas de las áreas contables ni de la Auditoría Institucional, lo que viola la ley de Administración Financiera

Todos los documentos de la empresa en lo que hace al cumplimiento tributario, la seguridad social y el formulario de servicios estaban vencidos al momento de la solicitud de pago. Entre las falencias se constató que de 160 unidades de luminarias que debían ser instaladas, presupuestadas por 20 millones, solo fueron ubicadas unas 16.

El concejal Isaac Rojas.

Otros G. 678.296.122 fueron transferidos a la firma HM Construcciones para obras de empedrado en una propiedad privada. La calle se conoce como Orquídeas, hoy alambrada. Las denuncias por mal desempeño de funciones y pago indebido están ligadas a supuestos gastos de representación del secretario general de la comuna, Santiago Rojas, la directora de Administración, Karina Valdovinos, quien al ser comisionada del Ministerio de Salud con un salario de G. 3 millones recibe una remuneración extra de G. 5 millones. Esta movida viola el artículo 37 de la ordenanza municipal que dice que los gastos de representación solo deben ser asignados a concejales y al intendente.

También se denunció la manipulación del sistema informático para "acomodar" las cuentas del balance general y los números de la recaudación de la Municipalidad, publicados en la página web de la comuna en 2022. Las cifras arrojan una diferencia entre lo pagado y las deudas pendientes de G. 2.166.858.042 . El sistema habría sido manipulado por el esposo de Karina Valdovinos, que se desempeña como director de Tecnologías, por lo que se deduce un conflicto de intereses

Las denuncias abarcan el uso irregular de fondos de inversión para pagar salarios y dinero del ya extinto Fonacide para hacer frente a los proveedores del almuerzo escolar. A los nombres de los parientes del intendente, que incurre en nepotismo, se le suma la contratación por G. 4 millones y la asignación como jefa de la división de básquet y handball a Sasha Ñumbay, esposa del cuñado del intendente, Wildo Duarte. 

LPO