En el juicio quedó demostrada su complicidad con el exministro de la Corte, Miguel Oscar Bajac para el pedido de una coima.

La diligencia se realizará de manera telemática, a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, conforme a lo dispuesto en el Auto Interlocutorio N° 246, dictado el 29 de diciembre de 2025. La magistrada resolvió esta modalidad teniendo en cuenta los informes médicos y sociales incorporados al expediente, así como las normas vigentes que habilitan el uso de medios tecnológicos para audiencias con personas privadas de libertad.

Ramírez Doldán fue condenado a dos años y seis meses de pena privativa de libertad, sentencia que quedó firme luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declarara inadmisible el recurso extraordinario de casación planteado por su defensa. Actualmente, el exfuncionario se encuentra recluido en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, tras haber sido efectivizada su detención en noviembre pasado.

El pedido de prisión domiciliaria fue promovido el 1 de diciembre de 2025 por los abogados defensores Carlos Abelardo Distefano y Daniel Sosa Valdez. En el marco del incidente, el juzgado ordenó la producción de un informe médico integral a cargo de una junta conformada por médicos forenses del Poder Judicial, del Ministerio Público y un profesional designado por la defensa además de una evaluación socioambiental elaborada por la trabajadora social forense de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución Penal de Concepción.

La magistrada también dejó constancia de que el Ministerio Público fue debidamente notificado del incidente, pero no contestó el traslado dentro del plazo legal, motivo por el cual se declaró decaído su derecho a expedirse.

Antecedentes

La condena contra Ramírez Doldán se enmarca en la causa seguida junto al exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac, quien fue sentenciado a tres años de cárcel como autor del hecho punible de cohecho pasivo agravado. El caso salió a la luz en julio de 2018, cuando ambos fueron detenidos tras una entrega vigilada, en una investigación que reveló un esquema de corrupción en el más alto nivel del Poder Judicial.

Durante el juicio oral quedó probado que, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, Bajac exigió el pago de una coima equivalente al 5% del monto reclamado en un juicio civil promovido por la empresa Cal Agro S.A. contra la Industria Nacional del Cemento, cuyo reclamo ascendía a unos G. 3.700 millones, a cambio de emitir un voto favorable desde su cargo como ministro de la Corte.

El Tribunal de Sentencia concluyó que el entonces magistrado mantuvo reuniones con los denunciantes tanto en su despacho de la Corte Suprema como en su domicilio particular de Asunción, donde se habrían concretado las negociaciones ilícitas. En ese esquema, Ramírez Doldán actuó como intermediario, razón por la cual fue condenado en carácter de cómplice.

El Observador