La causa había sido elevada a juicio por el juez Rodrigo Estigarribia, por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. Según las acusaciones del Ministerio Público, el intendente habría utilizado fondos municipales para la compra de un vehículo 0 km.

De acuerdo con el análisis del juez Estigarribia, los hechos relacionados con la administración en provecho propio se subsumen en la acusación de lesión de confianza, ya que ambas situaciones derivan de una misma conducta. Según explicó el magistrado, la lesión de confianza implica un perjuicio patrimonial para la comuna, mientras que el beneficio indebido obtenido al titularse la camioneta constituye la contracara de dicho perjuicio.

La acusación, presentada por los fiscales Luis Piñánez y Carlomagno Alvarenga, se basó en una denuncia interpuesta por ocho concejales de Puerto Casado. Según los denunciantes, Adorno habría utilizado G. 50 millones de fondos municipales como pago inicial para adquirir una Mitsubishi L200 modelo 2022, destinada a su uso personal.

En la misma audiencia preliminar, el Ministerio Público presentó un nuevo elemento que llevó al juez a imponer una medida cautelar. Según los fiscales, Adorno habría estado coaccionando a los concejales, quienes no perciben sus salarios desde hace un año, lo que podría interpretarse como una obstrucción al proceso judicial. Como medida preventiva, se prohibió al intendente acercarse a la sede municipal de Puerto Casado a menos de 500 metros.

La defensa del intendente, conformada por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos y Víctor Dante Gulino, quienes también representan a los senadores cartistas Erico Galeano y Hernán David Rivas, había argumentado en su recusación una pérdida de confianza hacia el Tribunal, ya que permitió la participación de la prensa durante la audiencia de revisión de medidas celebrada el pasado 2 de octubre.

El Observador