El magistrado resolverá si la causa va o no a juicio oral y público.

Según la acusación, el perjuicio patrimonial es de G. 180.030.528.699. Entre las irregularidades, se menciona que no existió un proyecto final, nunca se obtuvo permiso de los municipios, no se liberó la franja de dominio del tramo 3, se pagó a dos consultorías por la misma labor siendo propiedad de un solo dueño, entre otros puntos.