A criterio del parlamentario, el escenario «es mucho más grave que un simple juicio político» y se adentra en el terreno de las responsabilidades penales, recordando la existencia de una denuncia penal planteada contra el presidente de la República, Santiago Peña. Respecto a las derivaciones parlamentarias, indicó que los números corresponden al sector gubernamental. «Si el oficialismo le baja el pulgar, obviamente está ahí la posibilidad», remarcó.

ENTRAMADO DE EMPRESAS. Al analizar el origen del grupo, Filizzola recordó que el proceso comenzó antes de la asunción del actual Gobierno con la creación de una sociedad en Luxemburgo. Detalló que la entidad operaba originalmente como una casa de crédito que adquirió dos entidades bancarias que atravesaban una situación económica complicada.

«¿Qué podía salir bien de eso, verdad, sin mayores aportes de capital y con saldo negativo?», cuestionó el legislador, al explicar que la firma funcionaba «con más pasivos que activos». Pese a estas condiciones, la entidad captó recursos públicos y del seguro social, al tiempo de estructurar «un entramado de unas 90 empresas».

Filizzola criticó además la derogación de la legislación sobre puertas giratorias al inicio de la presente administración: «Matan la Ley de Puertas Giratorias; ellos la matan: va el presidente de Ueno como presidente del Banco Central. Obviamente, ¿qué regulación puede haber sobre Banco Ueno si el propio expresidente de Ueno es actualmente el presidente del Banco Central?», aseveró.

BCP COMO GARROTE. En su fundamentación, el senador sostuvo que la actuación del BCP no se limitó a favorecer al grupo económico mediante la flexibilización de exigencias reglamentarias, sino que la entidad fue utilizada para accionar contra otros actores del mercado.

«Lo más grave es usar el Banco Central de garrote para evitar una fusión de bancos y para perseguir a otros bancos», afirmó el parlamentario. Añadió que cuando el superintendente de Bancos emitió un dictamen desfavorable sobre la situación, «fue trasladado a otro lado».

El parlamentario enfatizó que la principal preocupación radica en la conservación del dinero del Estado y del IPS, alertando sobre la imposibilidad de una devolución inmediata: «Si hoy el Estado se va a ventanilla y dice ‘quiero retirar este dinero’, eso es imposible», advirtió.

Sostuvo que las decisiones que permitieron el direccionamiento de fondos solo pudieron concretarse con el aval del Poder Ejecutivo: «¿Quién es el único que puede hacer todo eso porque está encima de los directivos de las diferentes entidades del Estado? O sea, solamente el presidente», manifestó.

Ante este panorama, Filizzola consideró que el primer paso para restablecer la seguridad jurídica es la reorganización de la entidad reguladora. «Los directivos del Banco Central deberían poner sus cargos a disposición», sostuvo, instando al oficialismo a no limitar las acciones a un «chaque» mediante pedidos de informe y a designar «directores responsables y creíbles que devuelvan credibilidad al sistema».