Además, el 75% de las víctimas actualmente sufre descuentos mensuales por embargo de haberes, pese a las denuncias públicas y judiciales. Filizzola recordó que este registro permite recabar datos directamente de las personas afectadas, incluso con detalles de sus expedientes judiciales.

“Estamos hablando de un esquema sistemático donde se roban los derechos y el dinero de personas humildes, con la complicidad de sectores del Poder Judicial. La Corte Suprema no puede seguir mirando para otro lado”, sostuvo.

El legislador informó que ya existe una coordinación de trabajo con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Defensa Pública, a donde están siendo derivadas las víctimas. Sin embargo, criticó la falta de medidas concretas por parte de la Corte Suprema de Justicia, que hasta ahora solo recomendó un tratamiento ordinario de los casos.

“La situación es absolutamente extraordinaria, y se necesitan medidas urgentes y excepcionales. Lo más rápido sería que los propios jueces, ya sea los que dictaron esas resoluciones u otros con competencia, declaren la nulidad de lo actuado según el artículo 113 del Código Procesal Civil”, enfatizó Filizzola.

Anunció también que, tras el trabajo técnico de la bancada del PDP, en los próximos días presentarán formalmente ante la Corte la primera solicitud de auditoría de las causas, con cada expediente documentado hasta ahora.

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