Sin embargo, dos meses después de la decisión del órgano juzgador, el agente del Ministerio Público continúa en funciones. Ayer, por Resolución 5224, el fiscal general Emiliano Rolón, lo reasignó en San Pedro del Ycuá Mandiyú. ¿Quién lo protege? Elizaur está imputada por cohecho pasivo.

Después de casi dos meses de la decisión tomada de pedir a la Corte la suspensión de Elizaur, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados aún no habría remitido a la Corte la resolución, razón por la cual el tema todavía se trata en el pleno de la máxima instancia judicial.

Según la imputación presentada el 14 de octubre, se tienen conversaciones de WhatsApp obtenidas a través del peritaje, que evidencian el modo en que el fiscal Bernardo Elizaur Aguirre y su asistente Lilian Andrea Florenciano Alfonso, presuntamente negociaron una salida procesal favorable para un acusado por lesión grave, a cambio de una coima.

“Por transferencia también le podés enviar”, es uno de los mensajes que envió la asistente refiriéndose al dinero que se le tenía que entregar al agente fiscal a cambio de una postura favorable al encausado.

Según la imputación de la fiscal Yeimy Adle, los hechos se iniciaron el 19 de septiembre de 2025, cuando la auxiliar fiscal se comunicó con la Abg. Corazón de María Corrales, defensora de Mauricio Méndez Gómez, procesada en Caacupé.

Florenciano, identificándose como funcionaria de Fiscalía, le habría dicho que “solo era portadora del mensaje” y le preguntó cuánto podrían ofrecer un cambio de un requerimiento conclusivo de sobreseimiento provisional.

A partir de ese momento, los contactos se volvieron frecuentes. En los mensajes transcritos, el asistente escribió que el “doctor”, refiriéndose al fiscal Elizaur, pidió siete millones de guaraníes, insinuando que el dinero debía ser entregado antes de presentar el requerimiento. Para reforzar su posición, Florenciano llegó a enviar por chat una foto de dos documentos oficiales: una acusación y un sobreseimiento provisional, agregando que esperaba respuesta para saber cuál presentaría. “Por transferencia también le podés enviar”, escribió, dejando entrever que el dinero podía depositarse sin verso personalmente.

“CUANTO ANTES MEJOR”

Días después, el 10 de octubre, la asistente elevó la cifra a G. 10.000.000 y escribió: “Justamente acá estoy con el jefe y cuanto antes mejor dice… Así él organiza todo en el juzgado”, palabras que se consideran como una clara alusión a que el propio fiscal estaba al tanto de la negociación.

El encuentro se fijó tres días después en la sede de la Fiscalía Zonal de Emboscada. Ese día, la denunciante llegó acompañada por Ingrid Méndez, hermana del procesado. Previamente, el dinero había sido fotocopiado y autenticado judicialmente, y se autorizó la grabación de la reunión en audio y video, como parte del procedimiento de entrega vigilada.

La entrega se concretó dentro de la oficina de la auxiliar fiscal, quien guardó los G. 7.000.000 iniciales en el cajón de su escritorio, con la promesa de recibir el resto al día siguiente.

Tras la entrega, la denunciante fue conducida ante el propio fiscal Aguirre, quien, según la grabación, les aseguró que podría plantear una suspensión condicional del procedimiento por dos años, alegando que “hasta ahí le puede dar”.

Elizaur también habría indicado que debía “convencer al juez” para allanarse al pedido de la defensa. Antes de despedirse, dijo que asistiría personalmente a la audiencia preliminar prevista para el 15 de octubre, confirmando su conocimiento de la causa y de la maniobra en curso.

Tras esta conversación, ingresó la comitiva fiscal-policial al despacho y encontró el dinero dentro del escritorio de Florenciano.

La imputación sostiene que el fiscal y su auxiliar abusaron de sus cargos para solicitar dinero a cambio de un acto funcional, conducta que se adecua al artículo 301, inciso 1, del Código Penal.

El Observador