El procedimiento inicial generó fuerte repercusión debido a que la carátula del Ministerio Público hablaba de un hecho de hurto agravado, aunque hasta el momento ni el propio fiscal ni el interventor de la comuna pudieron precisar qué fue lo robado, supuestamente, tras el ingreso forzado a una oficina administrativa.

La investigación se inició luego de que entre la noche del jueves y la madrugada del viernes últimos, desconocidos forzaran la puerta del despacho de Ramírez. El hecho llamó la atención porque a simple vista no faltaba ningún objeto de valor. Sin embargo, desde el lunes empezaron a circular audios de conversaciones privadas entre el interventor y referentes políticos, lo que abrió la hipótesis de un supuesto espionaje dentro de la sede municipal. De acuerdo con los datos, en el sitio se halló solamente un cable que habría alimentado de energía a lo que sería un dispositivo de grabación instalado en un artefacto de iluminación colgante, lo que reforzó las sospechas de que la intrusión tuvo como finalidad retirar o manipular dicho aparato.

Esa situación llevó al fiscal Zaracho a ordenar las primeras diligencias, entre ellas el allanamiento a la comisaría 1ª y la detención del suboficial Mendoza, quien habría tenido acceso a la zona restringida de la oficina. El uniformado fue sometido a interrogatorio y negó categóricamente su participación en la violación de cerraduras o la colocación de dispositivos de escucha.

Explicó que sus huellas estaban en el sector porque cumplía habitualmente funciones de custodia, lo que fue corroborado por superiores de la comisaría 1ª y el propio interventor. Pese a que en un primer momento se informó que las huellas levantadas coincidían con las suyas, se pudo corroborar que el personal policial entraba y salía de dicha oficina porque fue designado por sus superiores para custodiar al interventor y las instalaciones de la Comuna.

SIN ELEMENTOS

Ante la falta de elementos incriminatorios, el fiscal Zaracho resolvió otorgar la libertad al suboficial mayor Mendoza en la tarde de ayer, aunque aclaró que la investigación por supuesto hurto en grado de tentativa continúa abierta.

“No existe evidencia concreta que vincule directamente al personal policial con el hecho investigado”, señaló el agente fiscal. Por su parte, el interventor Ramón Ramírez admitió que no puede precisar qué fue lo que se llevó del interior de la oficina administrativa.

Reconoció que, pese a haberse violentado la cerradura, no encontró faltante alguno en muebles, expedientes o equipos de trabajo. No obstante, reiteró su preocupación por la filtración de audios de sus conversaciones privadas, que considera un ataque directo a su gestión.