La acción fue planteada contra la jueza de Garantías Clara Ruiz Díaz durante la audiencia preliminar, que debió ser suspendida como consecuencia directa del incidente.

Ortigoza está acusado por el hecho punible de estafa en grado de tentativa acabada, tras haber intentado –según la imputación fiscal– ceder de forma irregular una porción del predio del aeropuerto de Capitán Bado, departamento de Amambay, a un ciudadano árabe en el año 2013. El exfuncionario permaneció prófugo de la justicia durante seis años, hasta que finalmente fue detenido y puesto a disposición del sistema judicial.

Durante la audiencia, el propio Ortigoza asumió su autodefensa y recusó a la magistrada interviniente. Esto obligó a suspender el desarrollo del acto procesal, a la espera de que la Cámara de Apelaciones resuelva el planteamiento.

Para el fiscal Corbeta, la recusación carece de sustento legal y fue presentada exclusivamente con la intención de obstaculizar el avance del proceso. En su intervención, subrayó que “la defensa técnica y material del acusado constituye una unidad jurídica indivisible”, por lo que no corresponde utilizar figuras legales para entorpecer el curso del juicio.

El Ministerio Público solicitó la aplicación de una sanción por uso abusivo del derecho procesal, amparado en la facultad de los jueces de rechazar maniobras dilatorias y de velar por el desarrollo eficaz del proceso penal.

El Observador