Incautaron un cúmulo de expedientes y teléfonos celulares de los magistrados. Sin embargo, este procedimiento no se aplicó con relación a las empresas de cobranzas y otras firmas, a quienes los fiscales se limitaron a solicitar informes, pese a que los dueños de las mismas también son sospechosos de formar parte del esquema. 

La crítica a los fiscales que tienen a su cargo la investigación es que no allanaron estudios jurídicos, ni las empresas, por lo menos las principales, que están implicadas en la mafia de los pagarés. Los agentes del Ministerio Público se limitaron a pedir informes, con emplazamiento y advertencia a los dueños, de que serían procesados si obstaculizan la averiguación penal.

Lo que se sostiene es que, así como allanaron los juzgados de paz, los fiscales tenían que haber allanado las empresas como Carsa, por ejemplo, en donde se encontraron 10 mil expedientes del juzgado de Paz de la Recoleta.

Este hallazgo se produjo luego del allanamiento del departamento alquilado por la ujier de la Recoleta, Ingrid Prette, de donde se incautaron recibos por cobros de guaraníes, una por G. 325 millones a la firma Reimpex, una de las firmas mimadas de la Recoleta.

Dos días antes del allanamiento dos hombres estuvieron en el departamento de donde sacaron expedientes y alzaron en un vehículo.

El gestor de la firma de cobranza, Iván Fernando Galeano, quien apareció en el circuito cerrado sacando los expedientes, declaró ante la fiscala y dio el nombre de su jefe de la empresa Carsa que le ordenó retirar los expedientes. ¿Qué pasó de esta persona señalada por Galeano? ¿Ya declaró ante la Fiscalía? Si lo hizo, ¿Qué dijo? Estas son preguntas que merecen respuesta del Ministerio Público, sobre todo cuando se critica el tibio actuar de sus agentes con relación a las empresas Nexo y Carsa, que son las más tienen poder económico, lo cual puede pesar al momento de tomar decisiones.

El Observador