Los fiscales Elena Fiore, Silvia González y Christian Benítez Cáceres investigarán a Santiago Peña y las presuntas irregularidades relacionadas con la supervisión de Ueno Bank y la colocación de fondos públicos en la entidad. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ordenó abrir una causa penal por cada una de las tres denuncias mencionadas en la Resolución F.G.E. N.º 4474, del 5 de noviembre de 2026.
El equipo actuará bajo la dirección de Silvia González y la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Los fiscales deberán determinar las responsabilidades de las autoridades públicas en las operaciones previas al proceso de resolución del banco. Las denuncias señalan posibles omisiones de los organismos de control, cambios en los requisitos para invertir fondos previsionales y eventuales conflictos de intereses.
La primera presentación amplía la denuncia formulada contra Peña el 22 de octubre de 2025, registrada con el número de entrada 12355. El escrito original señalaba posibles hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio. La ampliación incorpora las actuaciones del BCP y de las instituciones que colocaron recursos en Ueno.
La segunda denuncia, con número de entrada 13762, fue presentada por senadores el 5 de noviembre. Según la resolución fiscal, comprende al presidente, al vicepresidente y al exministro de Economía y Finanzas. También incluye a autoridades y exautoridades del BCP, del Instituto de Previsión Social y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
La tercera fue presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez.
Los legisladores solicitan determinar si Peña o sus familiares mantenían depósitos, certificados de ahorro, bonos, créditos o participaciones en Ueno y empresas relacionadas durante 2026. También piden verificar si fueron retirados o transferidos antes del inicio del procedimiento de resolución.
Peña declaró al asumir la Presidencia 6.144 acciones de Ueno Holding, valuadas en G. 6.144 millones; un certificado de depósito de ahorro de G. 2.400 millones en Financiera Ueno y un bono de ITTI por G. 350 millones. La venta de las acciones fue comunicada al BCP en abril de 2025. Los denunciantes solicitan esclarecer qué otros vínculos económicos permanecieron vigentes.
También piden investigar si existieron instrucciones, reuniones o comunicaciones sobre la supervisión del banco, su capitalización o la colocación de recursos públicos. Plantean una eventual instigación o complicidad en lesión de confianza si se comprueban instrucciones a quienes administraban esos fondos.
La ampliación fue impulsada por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Éver Villalba, Rubén Velázquez e Ignacio Iramain. También la suscribieron los diputados Raúl Benítez, Leide Galeano, Johanna Ortega y Billy Vaesken.
El escrito cuestiona la actuación del expresidente del BCP, Carlos Carvallo, y del superintendente de Bancos, Holger Insfrán. Los denunciantes sostienen que los organismos de control conocían los excesos de Ueno en créditos a empresas vinculadas y cuestionan las medidas adoptadas para corregirlos.
Según la documentación citada en la denuncia, Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A. mantenían deudas con Ueno por G. 743.784 millones al 30 de abril de 2026. La presentación también cuestiona una venta de cartera a Vinanzas por USD 74,4 millones. Esta fue aceptada inicialmente como mecanismo de regularización y posteriormente observada por un área técnica como una operación prohibida.
Los legisladores piden esclarecer quiénes autorizaron ese tratamiento, qué información tenían y por qué determinados informes no habrían llegado al Directorio del BCP. También cuestionan que Ueno continuara captando depósitos mediante campañas comerciales hasta los días previos a su resolución.
Al 30 de septiembre de 2026, Ueno concentraba aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones en fondos públicos, según los datos del Ministerio de Economía citados en la ampliación. Los denunciantes solicitan identificar a quienes autorizaron cada colocación, renovación o mantenimiento de esos recursos.
Los fondos del IPS en Ueno pasaron de G. 80.000 millones en 2023 a G. 2,2 billones en 2025, según la denuncia. Los legisladores relacionan ese crecimiento con cambios en la matriz de evaluación y en los requisitos exigidos para invertir en entidades financieras.
La presentación también pide investigar las decisiones de autoridades de Itaipú, Yacyretá, el Ministerio de Economía, la ANDE, la Caja Bancaria, Cajubi y la Caja de Jubilaciones del Personal de la ANDE. Solicita reconstruir los movimientos y determinar qué evaluaciones de riesgo respaldaron las inversiones.
Los denunciantes piden esclarecer si las instituciones fueron engañadas por los administradores del banco o si sus responsables actuaron en connivencia. En este último caso, plantean investigar hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio, según las conductas que se acrediten.
Solicitan preservar documentos y comunicaciones, obtener actas e informes técnicos, realizar pericias independientes y reconstruir los depósitos públicos desde agosto de 2023.
