Además, el estudio de correspondencia entre los ingresos y egresos de los magistrados: Analía Cibils, Gustavo Villalba, Liliana González de Bristot y Nathalia Garcete. Es en el marco de la investigación abierta por la mafia de los pagarés, que quedó confirmada con la auditoría de la Corte.

También pidieron a la Corte Suprema de Justicia el informe final de auditoría presentado con relación a los juzgados de paz del distrito de Catedral, primer y segundo turno; la Encarnación y San Roque. Este trabajo realizado por los auditores confirmó plenamente el esquema criminal que funcionaba en los juzgados de paz, más conocido como la mafia de los pagarés. Se resaltó que los magistrados tenían un montó de resoluciones sin número y fecha que tenían su firma; que llamativamente no se percataron que un altísimo porcentaje de los demandados nunca se encontraban en su casa al monto de la notificación (ujieres) y también el diligenciamiento de mandamientos a cargo de oficiales de justicia.

En el caso de los jueces hacían notificaciones el mismo día, la misma hora, pero en localidades distintas y distantes. Por ejemplo, un día X a las 15 horas, notificaron en Luque, San Lorenzo, Lambaré, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora y Luque, lo cual es absolutamente imposible y confirma que las notificaciones eran fraguadas, para dejar en total indefensión a los demandados.

La fiscalía adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, dirigida por la Dra. Soledad Machuca, designó a los agentes fiscales para llevar adelante las investigaciones tras las denuncias de las víctimas del supuesto esquema delictivo con pagarés.

El Observador