Los abogados de la transportadora afectada por el secuestro de un millonario lote de mercaderías (electrónicos) presentaron ayer denuncia formal contra los funcionarios de la COIA, Alberto López y Líder González, por los delitos de apropiación, abuso de poder en el ejercicio de la función pública, extorsión y asociación criminal. Se trata de la causa n° 12.903/21 que se tramita de la unidad nº 5 de la agente fiscal Carolina Rosa Gadea, según se supo ayer.

De acuerdo con los datos, en la fecha los representantes legales de la transportadora presentarán todas las documentaciones pertinentes a la carga de mercaderías (electrónicos) que fuera secuestrada irregularmente por los funcionarios citados, con argumentos traídos de los pelos.

Recordemos que la Aduana intentó justificar el aberrante operativo, alegando que se trata de contrabando e incluso productos falsificados. Sin embargo, en el momento de la intervención, el chofer del camión presentó todas las facturas y demás documentaciones, por lo que se descarta por completo que pudo haberse tratado de contrabando.

ROBO

En el momento del secuestro de las mercaderías, los funcionarios González y López ni siquiera elaboraron acta de incautación, el cual recién confeccionaron al día siguiente, ante las presiones de los propietarios de la empresa afectada y sus representantes legales. De acuerdo a los datos, los mismos llegaron al colmo de robar dos teléfonos celulares Apple y Xiaomi, adquiridas de “Atacado Games” y que también eran transportadas con las mismas mercaderías. La requisa de estos equipos ni siquiera figura en el “acta de incautación” elaborada por López y González.

Pero lo más absurdo es la invocación en un comunicado emitido por Aduanas, en alusión al Código Aduanero, hablando de la requisa de productos falsificados, lo cual determinar no corresponde ni es atribución, bajo ningún sentido, de los funcionarios aduaneros. Lo que debieron hacer, en todo caso, es dar inmediatamente participación a la unidad especializada en la lucha contra los delitos de propiedad intelectual del Ministerio Público, cosa que no hicieron en ningún momento, lo cual fortalece la versión de que los funcionarios querían plata para “solucionar el inconveniente”. En ese sentido, los mismos habrían pedido USD 8.000 para “arreglar la situación”, petición a la cual no accedieron las víctimas.

Pese a todas las irregularidades cometidas por estos funcionarios, los mismos son defendidos férreamente por el director de la COIA, Miguel Ángel Zárate, lo cual evidenciaría su presunta complicidad con sus subalternos. Otra muestra de que no hay ninguna intención de dilucidar el caso, de parte de la COIA, es que los funcionarios cuestionados siguen tranquilamente en sus cargos, aunque el puesto de control del km 49 fue desarticulado y trasladado al km 60.

Desde su asunción al cargo, Zárate es duramente cuestionado por comerciantes y productores. La COIA reemplazó al no menos cuestionado Detave, organismo desarticulada tras un escándalo de coimas. Sin embargo, solo cambió el “modus operandi”, la extorsión y corrupción siguen rampantes, de acuerdo a lo indicado por fuentes confidenciales. Referentes de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) también vienen cuestionando la labor de Miguel Zárate al frente del COIA, señalando que el mismo “es un elemento antiguo y reciclado”, y que no cambió nada desde la desarticulación del Detave, salvo el nombre.