La acusación señala que el 17 de setiembre del 2022, entre las 07:00 y 10:00 horas, el suboficial Inspector Ramos Agüero se encontraba cumpliendo funciones en la Armería de la Agrupación de Seguridad de la Comandancia, sitio de donde fueron sustraídas 2500 municiones calibre 9x19mm.

Valiéndose del acceso al lugar de resguardo, el referido uniformado trasladó por tandas los 2500 cartuchos hasta su vehículo particular.

Ese mismo día, Zelada Echagüe –personal interno de la Agrupación de Seguridad y quien en ese momento se encontraba con reposo médico – llegó al lugar y requirió la entrega de las municiones, comprometiéndose a abonar a Ramos Agüero la suma de G. 8.000.000. Una vez en posesión de los mismos abandonó el sitio.

Luego de la entrega, Zelada efectuó un primer pago, de G. 1.000.000 y quedó pendiente la entrega de G. 7.000.000 restantes.

El hecho fue advertido el día 21 de setiembre de 2022, tras una verificación efectuada por disposición de la jefatura de la Agrupación de Seguridad y del Encargado de la Verificación del Inventario de Armas. Parte de los cartuchos sustraídos habrían sido comercializados en Pedro Juan Caballero, con la intermediación de los hoy acusados.