Dichos elementos fueron recolectados en el transcurso de la etapa preparatoria, los cuales permiten demostrar la existencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Declaración Falsa. El exdiputado habría incluido en sus DD.JJ. propiedades afectadas en el juicio sobre quiebra de la empresa Mocipar.

“De las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por el señor Dany Durand Espínola, en fecha 04 de septiembre de 2018, y su posterior rectificativa el 13 de noviembre de 2019, ante la Contraloría General de la República y cuyas constancias fueron remitidas al Ministerio Público mediante nota CGR n. ° 4861 del 03 de diciembre de 2019, adjunto los documentos presentados por el señor Durand Espínola con posterioridad a la emisión del Dictamen de correspondencia, se tiene que, en cuanto a la finca n° 9.176, padrón n° 1.472 del distrito de Ypacaraí, Dany Durand Espínola, por contrato privado sin certificación de firmas, adquirió este inmueble el 06 de abril del 2018, de Mocipar Propiedades S.A., representada por su presidente el señor Fernando Román Fernández, por el valor de Gs 1.030.000.000 (Guaraníes mil treinta millones de guaraníes) y el acusado se comprometió en abonar mensual y consecutivamente la suma de Gs 22.500.000 (Guaraníes veintidós millones quinientos mil), durante 28 meses a partir de la celebración del contrato, totalizando la suma de Gs 630.000.000 (Guaraníes seiscientos treinta millones), otorgando por el contrato suficiente recibo de pago a favor del comprador, y el saldo de Gs 400.000.000 (Guaraníes cuatrocientos millones), a ser abonados como refuerzos en fecha 30 de agosto, la suma de Gs 200.000.000 (Guaraníes doscientos millones) y cuatro cuotas iguales y consecutivas de Gs 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) cada una, durante los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre año 2019. Es decir, que a la fecha de la presentación de su declaración jurada de bienes y rentas (04 de septiembre de 2018) el señor Dany Durand Espínola no había abonado aún la totalidad del valor del inmueble, circunstancia que en ningún momento fue declarado por el acusado como observación en su declaración jurada, por lo que consignó esta finca como de su propiedad, cuya adquisición supuestamente lo había realizado ya en el año 1994, y le atribuyó un valor de Gs. 1.200.000.000 (Guaraníes mil doscientos millones), cuando en realidad el contrato privado de compra venta de inmueble, sin certificación de firmas, que respalda esta adquisición, data del 06 de abril de 2018”, expresa parte del documento de acusación fiscal.