El tráfico de drogas a nivel local se ha transformado en los últimos años en un problema que abarca el plano de la justicia, la salud pública y la seguridad, con profundas consecuencias en todos los ámbitos de la sociedad.

Los operativos tanto a gran, mediana y menor escala de los últimos tiempos tienen como propósito desarticular las organizaciones criminales que obtienen multimillonarias sumas de dinero, sumas siderales suficientes hasta para torcer voluntades, todo sea con el objetivo de mantener el lucrativo negocio ilegal.

ÇAdemás de las aprehensiones y detenciones que derivan en causas penales que a su vez de dirimen en juicios orales para las condenas de diversa magnitud, otro punto de la lucha antidrogas está relacionado con atacar lo que se considera como el punto neurálgico de las organizaciones criminales, específicamente los bienes adquiridos con dinero proveniente del tráfico de sustancias ilícitas.

Efectivamente, al tratarse de dinero proveniente de actividades ilícitas, los grupos criminales manejan otra línea de acción que consiste básicamente en introducir este dinero sucio al sistema formal, por medio de inversiones en propiedades, vehículos, sociedades, empresas y otros.

A través de la figura del comiso, estos bienes pasan a dominio del Estado una vez que quede firme el proceso judicial requerido para el afecto.

Según los datos de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, 251 bienes fueron objeto de comiso con sentencia definitiva desde el 2018 hasta el 2022, durante la gestión de Marco Alcaraz como fiscal Adjunto.

El detalle se divide de la siguiente manera: 149 corresponden a rodados, 47 inmuebles, 15 aeronaves, 9 embarcaciones, 16 motocicletas y otros 15 bienes como semirremolques, carretas y motores principalmente.

El detalle contempla que el 2021 fue el año de mayor comiso de bienes tras juicio, con un total de 99, seguido del 2019 con 47.

El lujo y la ostentación se han convertido en una suerte de distintivos de organizaciones criminales, como se han evidenciados en las causas A Ultranza Py, o en la causa a Rodrigo Alvarenga Paredes, cuya organización criminal movió aproximadamente 700 millones de dólares en los últimos dos años antes de su detención en marzo pasado.

Las organizaciones trasnacionales tienen predilección por operar en el Paraguay como país de tránsito de cocaína hacia el continente europeo, esto por las grandes extensiones de frontera no cubierta, la debilidad de los controles y la corrupción misma imperante en el Estado.

De hecho, en los últimos años se han dado numerosos hallazgos de importantes cargas de cocaína en puertos de Bélgica, España, Alemania.

Las incautaciones en Alemania y Bélgica totalizan aproximadamente 15 toneladas de cocaína que salieron de Paraguay.

Atendiendo estos elementos, los organismos del Estado destacan los comisos que sumados a las condenas, buscan desalentar el tráfico de drogas.

No obstante aún queda pendiente el fortalecimiento de los controles internos para prevenir el envío de drogas ya en el territorio local.