La imputación señala que Rodríguez González, en su carácter de Director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), entre septiembre y noviembre de 2026, en la sede institucional del Banco Central del Paraguay y ante el Congreso Nacional, habría tenido una intervención directa, operativa y determinante, actuando en forma coordinada con miembros del directorio del BCP, además del Superintendente de Bancos, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola y el entonces presidente Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la presunta confección, reformulación, alteración sustancial, tramitación administrativa y posterior defensa del informe oficial remitido a la Cámara de Senadores.
En dicho informe el órgano supervisor consignaba los indicios de financiación indirecta en la compra de cartera por parte de Vinanzas S.A. por USD 74.400.000 para aparentar la subsanación de excesos de Ueno Bank (Grupo de Personas Vinculadas N.º 1.535), la aplicación del criterio de sustancia económica sobre la forma contractual, la existencia de la denuncia técnica de la Superintendencia de Bancos, la falta de atribuciones del BCP para declarar la nulidad de la operación de venta de cartera y la situación funcional del exgerente Fernando Javier Rivarola Angulo al 10 de julio de 2026.
Sin embargo, el lunes 5 de octubre de 2026, a las 08:17 horas, Rodríguez González habría suscripto electrónicamente dentro del Expediente EXP-2026-009848 el documento denominado “Dictamen 101-2026 Pedidos de informe Senado” en el que se evaluó la factibilidad de la emisión del informe.
Ese mismo día entre las 14:00 y las 14:30 horas, el hoy imputado habría participado en el despacho de la Presidencia del BCP en dos reuniones reservadas en las que se habría gestionado el borrador modificado, pretendiendo inicialmente que el documento fuera suscripto por el Gerente General Walter Antonio Zárate Almirón sin resolución del Directorio.
A las 16:18 horas de ese lunes, desde su casilla institucional (arodrig@bcp.gov.py), habría remitido un correo electrónico bajo el asunto “Proyecto” al Gerente General Walter Antonio Zárate Almirón y al Superintendente de Bancos Holger Insfrán manifestando cuanto sigue: “Estimados Walter y Holger, conforme a lo conversado, les comparto la última versión del proyecto, con las incorporaciones del Dr. González. Atte.- Aldo”.
Poco después, a las 17:26 horas habría enviado un nuevo correo electrónico a los mismos destinatarios expresando: “Estimados doctores, me acaba de pasar el MTD –miembro titular del directorio- esta nueva versión. La remitida anteriormente no tengan en cuenta. Atte.- Aldo”.
Al día siguiente, martes 6 de octubre de 2026, a las 12:02 habría recibido de parte del Superintendente de Bancos, Holger Insfrán dos correos electrónicos de cotejo mediante el cual se le advertía formalmente por escrito que el proyecto de Nota de Presidencia remitido desde su Unidad Jurídica presentaba las siguientes supresiones y agregados respecto al Informe Técnico original de la Superintendencia de Bancos
El proyecto conservaba el argumento formal sobre la supuesta validez de la cesión de cartera a favor de Vinanzas SA y que el exceso habría quedado “subsanado”, pero omitía deliberadamente los fundamentos técnicos que lo acompañaban, tales como los indicios de financiación indirecta con recursos del propio banco, la aplicación del criterio de sustancia económica, la denuncia de la Superintendencia de Bancos y la ausencia de atribuciones del BCP para declarar la nulidad de la operación de venta de cartera.
En las respuestas a las preguntas 21, 22 y 24, incorporaba textos inexistentes en el informe técnico de la Superintendencia mediante los cuales se afirmaba de forma contraria a la verdad que, al momento de la remisión del memorando de alerta del 10 de julio de 2026, el señor Fernando Javier Rivarola Angulo “no ocupaba más el cargo de Gerente de Supervisión ni prestaba ya funciones en el BCP, encontrándose de hecho ocupando un cargo en otra institución (la Agencia Financiera de Desarrollo)”, y que por ello “no existió ex definitione tal posibilidad de disenso”, pese a que en dicha fecha el funcionario aún se encontraba prestando servicios en el BCP aguardando la comunicación oficial de la resolución del Directorio.
En esa misma fecha, tras tomar conocimiento de dichas alteraciones, el Gerente General Walter Antonio Zárate Almirón habría manifestado directamente a Rodríguez González su negativa a suscribir el proyecto de nota, indicándole que lo elevara directamente a la Presidencia del BCP.
El 9 de octubre de 2026, el imputado fue con otras autoridades del BCP a defender dicho informe presuntamente adulterado ante la Honorable Cámara de Senadores, participando así de una acción conjunta de ocultamiento y alteración documental ante el Congreso Nacional.
Para la Fiscalía, aportó jurídica y administrativamente de forma directa y determinante para impedir el control parlamentario oportuno sobre el estado real de insolvencia y las operaciones prohibidas de Ueno Bank, posibilitando que la entidad bancaria continuara operando sin restricciones, efectuando desembolsos a sociedades del circuito económico y ejecutando, entre el 8 de octubre y el 2 de noviembre de 2026 (inmediatamente después de remitirse la Nota BCP/P N.º 016 al Senado), agresivas campañas comerciales de captación masiva de depósitos y Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) con reintegros del 50 % condicionados al ingreso o mantenimiento de saldos nuevos.
Al declararse finalmente el 2 de noviembre de 2026 el procedimiento de resolución de Ueno Bank tras constatarse que su índice de solvencia había caído por debajo del cincuenta por ciento del mínimo legal requerido, cada depósito garantizado captado durante ese período representó un costo incremental adicional para el patrimonio separado del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), además de comprometer los fondos públicos y previsionales depositados en la institución, que al 30 de septiembre de 2026 ascendían a G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495; configurándose un grave menoscabo patrimonial.





