Con previa autorización judicial la comitiva allanó varias viviendas tanto en Ciudad del Este, como en la localidad vecina de Presidente Franco, lugares donde se reunían los miembros de las comisiones vecinales a fin de organizar la distribución de alimentos, provenientes de ollas populares durante la pandemia sanitaria del Covid-19 que obligó a medidas complejas como distanciamiento social.

La denuncia en concreto de la Contraloría Ciudadana, apunta a que entre 2019 y 2022, comisiones y subcomisiones se organizaban para cocinar ollas populares y luego distribuirlas a la comunidad, pero que las entregas como tales no se habrían realizado.

Así también fueron allanadas empresas del rubro de la construcción, en busca de elementos para avanzar en la causa, en este caso particular es en relación a la construcción de pozos artesianos y empedrados también en época de pandemia, pero que no hubo una contraprestación.

Antecedentes

La denuncia señala que se detectó “la conformación de subcomisiones vecinales para solicitar la suma de G. 311.580.000″, siendo estas comisiones integradas por un solo grupo familiar.

En particular, hacen referencia a dos subcomisiones encabezadas por la pareja Lumma Magdalena Silva Battochi y Juan Esteban Quiroga Cañete, ambos actuales funcionarios de la comuna esteña.