La solicitud se fundamenta en las reiteradas maniobras dilatorias que, según el Ministerio Público, han obstaculizado el normal avance del proceso penal que se sigue en el departamento de Canindeyú.

El agente fiscal señaló que la audiencia preliminar en la causa contra Portillo Rodas fue suspendida en al menos cinco oportunidades, siendo todas ellas atribuibles directamente a la defensa o a los imputados. 

El Ministerio Público denunció que el cambio constante de defensores se realizó con un «evidente propósito dilatorio», llegando incluso a provocar la inhibición del juez natural del caso, lo que obligó a reprogramar la audiencia y a remitir la causa a un juzgado subrogante, afectando así los principios de celeridad y economía procesal.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió cuando, en vísperas de una audiencia fijada, la procesada nombró como defensor al abogado Edgar González Prieto, sobre quien existían antecedentes de incidentes con el magistrado actuante. Esta acción obligó al juez a inhibirse de entender en la causa.

La Fiscalía recordó que estas prácticas están expresamente prohibidas por el artículo 112 del Código Procesal Penal, el cual establece que las partes deben actuar siempre con buena fe y abstenerse de promover planteos dilatorios o abusar de las facultades procesales que les confiere la ley.

El Observador