La Lic. Marité López, secretaria general del sindicato del sector, explicó a GEN que el reclamo principal radica en la desigualdad con la que se aplica la reducción de la carga horaria. Si bien ya existe una resolución aprobada que establece un tope de 20 horas semanales, actualmente esta norma solo beneficia a un grupo de centros asistenciales —como el Hospital de Trauma, el Hospital Nacional, el Centro del Quemado y el Hospital de Luque—, dejando a numerosos profesionales de otros centros cumpliendo 30 horas semanales por la misma remuneración.

Además de la unificación horaria, el sector reclama una revisión de las condiciones salariales y la aprobación de un manual de funciones que defina los roles y competencias de los profesionales dentro de la red pública.

Según detalló, los sueldos del sector oscilan entre los G. 3.200.000 y un tope que no alcanza los G. 6.000.000, existiendo inequidades donde funcionarios de mayor antigüedad perciben ingresos inferiores a los de reciente incorporación.

Contó que el gremio presentó una propuesta de manual de funciones al asumir las autoridades ministeriales, pero hasta el momento no obtuvo una respuesta concreta ni mesas de trabajo integradas.

La vocera remarcó que el personal de fisioterapia fue postergado históricamente, incluso tras el rol crítico desempeñado durante la pandemia de COVID-19 junto con el equipo médico.

López aclaró que, por el momento, el gremio no contempla la activación de una huelga, ya que la prioridad de la movilización es abrir un canal directo de diálogo con el nuevo titular de la cartera sanitaria. Pese a haber presentado notas formales en la sede central del ministerio, los representantes de los trabajadores aún no fueron recibidos.

“Queremos ser escuchados y establecer una mesa de trabajo para obtener respuestas a reclamos que llevan más de dos años sin solución”, dijo.