La meta fundamental es que ambas naciones puedan prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades marítimas transnacionales ilícitas, respondiendo a la urgente necesidad de combatir el crimen organizado a nivel transnacional. Asimismo, establece el marco normativo para aeronaves, autoridades, agentes y buques de las fuerzas del orden o instituciones de ambos países, los cuales deben ser claramente identificables y contar con la autorización respectiva de su Estado correspondiente.

Los gobiernos ecuatoriano y estadounidense, según lo suscrito, deberán desarrollar un programa de operaciones marítimas combinadas y designarán a los efectivos militares de cada país para que sean “agentes a bordo en un buque” de la nación socia. Dichos agentes podrán actuar y autorizar la persecución en contra de embarcaciones sospechosas que se dirigen hacia su país. También podrán realizar patrullajes en el mar territorial de su nación y mantendrán “todo registro o incautación de bienes, toda detención de personas, y uso necesario de la fuerza”.

Con información de Infobae