Osiris Luna, director de centros penales de El Salvador, y Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, están señalados de negociar con los líderes de las pandillas presos para reducir los homicidios en el país a cambio de privilegios, como acceso a teléfonos móviles y prostitutas, según un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro el 8 de diciembre.

Luna y Marroquín también están señalados de negociar con la ranfla, o jerarquía superior de las pandillas, para buscar respaldo político para el partido de Bukele, Nuevas Ideas, antes de las elecciones legislativas de marzo. Además, las pandillas accedieron a hacer cumplir las medidas de confinamiento por COVID-19 en las zonas bajo su control.

El Departamento del Tesoro, por otro lado, acusó a Luna y a su madre, Alma Yanira Meza Olivares, de apropiación indebida y reventa de alimentos destinados para ayuda durante la pandemia, además del desvío de millones de dólares de la comisaría de la prisión. Meza también fue sancionada.

El comunicado no deja en claro cuál es la evidencia del Tesoro para sancionar a Luna, Marroquín y Meza, según la Ley Magnitsky, diseñada para castigar a personas de todo el mundo acusadas de corrupción. Pero gran parte de la información parece encajar con los reportajes del medio de noticias digital El Faro, que fue el primero en publicar algunos apartes de dos investigaciones archivadas a cargo de una unidad fiscal especial facultada por el exfiscal general Raúl Melara.