Según el comunicado de la organización de Assange, 30 individuos vinculados con la Fundación, incluyendo a la presidenta Astrid Söderbergh Widding y la directora ejecutiva Hanna Stjärne, habrían cometido delitos de apropiación indebida grave de fondos, facilitación de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y financiación del crimen de agresión.

La denuncia sostiene que, con el galardón a Machado, la Fundación ha convertido “un instrumento de paz en un instrumento de guerra”, contraviniendo el testamento de Alfred Nobel, que obliga a premiar a quien haya realizado la mayor obra por la fraternidad entre las naciones.

Assange argumentó que las declaraciones de Machado, que supuestamente incitan a la Administración Trump a una escalada militar —descrita como el mayor despliegue de EE.UU. desde la guerra de Irak—, la hacen “categóricamente inelegible” para el Nobel de la Paz.

“Machado ha seguido incitando a la Administración Trump a seguir con su camino de escalada”, afirmó el fundador de WikiLeaks, agregando que, al usar su posición como Nobel, “bien puede haber inclinado la balanza a favor de la guerra, facilitada por los sospechosos nombrados”.

Como pruebas, la denuncia incluye declaraciones en las que Machado habría alentado una intervención militar estadounidense en Venezuela y justificado ataques contra barcos civiles frente a las costas del país.

El desembolso pendiente de 11 millones de coronas suecas (aproximadamente un millón de euros) constituirá, según Assange, un delito de apropiación indebida grave, con el riesgo de que los fondos se desvíen para financiar indirectamente crímenes de guerra por parte de EE.UU., violando las obligaciones de Suecia bajo el Estatuto de Roma.

Assange solicita a las autoridades suecas congelar la transferencia del premio monetario a Machado, exigir la devolución de la medalla y abrir una investigación contra la Fundación por los delitos señalados.