El subcontralor, Augusto Paiva, señaló en ese sentido que gracias a que los funcionarios infringieron la norma, la Contraloría genera ingresos en concepto de multas.

“Tenemos sumarios en Itaipú y Yacyretá de funcionarios que incumplen la declaración jurada y tienen una multa aproximada de G. 25 millones, que yo creo que será la primera vez que la Contraloría tendrá fuente 30 de ingreso por el establecimiento de las multas por esos incumplimientos”, declaró Paiva a periodistas.

El mismo significó que las auditorías en entes no pararon durante la pandemia, por lo que seguirán saltando resultados de potenciales casos de irregularidades.

“Quiero destacar también que el informe final de auditoría, que fueron 109 con toda esta pandemia a nivel de Gobierno Nacional, departamental, así como municipal, la institución no paró, prácticamente se realizó las auditorías dentro de las posibilidades”, acotó.