Con el refuerzo de los operativos de la policía contra grupos milicianos, se han decomisado cantidades asombrosas de equipos relacionados con gatonet (una red clandestina de televisión por suscripción). En 2020, se decomisaron más de un millón de elementos, en su mayoría cajas con convertidores de señal para televisores, con un valor de reventa de alrededor de mil millones de reales (US$200 millones), como informó Globo. Y en un solo operativo en abril pasado se incautaron 120.000 adaptadores para televisión.

Gatonet trabaja de diferentes formas. La más común es la compra de un adaptador para el televisor, que ofrece acceso ilegal a cientos de canales, además de Netflix, Amazon y otros servicios de cable por suscripción. Pero el mercado está evolucionando, y la gente que ya tiene un televisor inteligente puede suscribirse mediante una aplicación.

Y esto se está volviendo cada vez más común. Popularizado inicialmente en las favelas de Río de Janeiro, al norte de Brasil, gatonet se ha difundido de la mano de la influencia de las milicias. Se ha popularizado en barrios de más altos ingresos de la ciudad e incluso en otros lugares del territorio brasileño.

A finales de 2019, una firma de ciberseguridad estimó que 4,5 millones de hogares en Brasil usaban gatonet, pero es probable que esta cifra sea mucho mayor ahora.

La publicidad para gatonet se deja discretamente en los buzones de correo o se desliza por debajo de las puertas. Un panfleto promovía acceso a todos los canales de televisión existentes en Río, además de servicios de streaming por demanda por no más de 30 reales o US$5,75 al mes, una tarifa muy inferior a la de las empresas legales.

Las conexiones de gatonet generan cuantiosas ganancias para las milicias, y devastadoras pérdidas para la industria de medios de información y entretenimiento. Según la Asociación Brasileña de Televisión por Suscripción (Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, ABTA), los 4,5 millones de núcleos familiares que usaban gatonet representaron pérdidas de más de US$1.500 millones para las compañías de telecomunicaciones, sin hablar de las grandes pérdidas en ingresos tributarios para el gobierno.