En entrevista con Radio 1000, Sosa manifestó que los gobernadores no se cierran a ninguna alternativa, aunque insistió en que cualquier modificación debe estar respaldada por un debate amplio, que contemple los mecanismos de contratación, los precios de los alimentos y los controles aplicados al programa.
«Nosotros no nos cerramos a nada, pero creo que el debate es muy importante», expresó. En ese sentido, planteó la necesidad de conocer si la propuesta responde a cuestionamientos concretos sobre la ejecución del programa o si tiene un trasfondo político.
El titular del Consejo de Gobernadores también señaló que existe una diferencia importante entre administrar 263 licitaciones, una por cada municipio, y centralizar los procesos en 17 gobernaciones, por lo que consideró necesario evaluar las ventajas y desventajas de cada modalidad.
Por otra parte, defendió los mecanismos de fiscalización de Hambre Cero y aseguró que las gobernaciones están sometidas a controles concurrentes de la Contraloría General de la República dos veces por semana, además de las auditorías realizadas por el Poder Ejecutivo.
Incluso, afirmó que algunas instituciones educativas llegan a ser auditadas en dos ocasiones durante una misma semana.
Sosa también destacó que el programa cuenta con un sistema de trazabilidad que permite seguir cada etapa del proceso, desde la emisión de la orden hasta la preparación de los alimentos y el pago por cada plato servido.
Explicó que los docentes y padres de familia participan en la verificación de las raciones entregadas diariamente, por lo que consideró injusto instalar sospechas generalizadas de corrupción sin presentar argumentos concretos.
«Al decir que hay corrupción en Hambre Cero, le están metiendo también a los profesores y a los padres de familia, porque ellos son los que confirman el plato y la ración que se da día a día en las escuelas», manifestó.
Finalmente, insistió en que la discusión debe incluir una comparación de los precios de los alimentos de hace cuatro años con los valores actuales, además de un análisis de los distintos modelos de gestión.
«Hay muchas cosas que debemos debatir y trabajar para que la gente hable con argumentos. Decir por decir o instalar por instalar, por un problema político, yo creo que va a ser un error», concluyó.





