A través de un comunicado divulgado este viernes, la Asociación de Magistrados de la Judicatura de Paz del Paraguay sentó postura respecto a la investigación impulsada en la causa de “la mafia de los pagarés”.

En ese sentido, el gremio expresó su preocupación ante las últimas actuaciones del Ministerio Público, afirmando que cualquier investigación penal siempre debe estar respaldada por una denuncia clara y fundamentada.

Basándose en el Artículo 255 de la Constitución Nacional, sostienen que los magistrados judiciales no pueden ser acusados ni detenidos por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, salvo en casos de flagrante delito que merezca pena corporal.

Cualquier medida adoptada por la Fiscalía debe cumplir con los procedimientos establecidos, incluyendo la notificación inmediata a la Corte Suprema de Justicia para que evalúe los antecedentes y el juez competente determine los pasos a seguir, indica el texto.

En otro momento, la asociación expresó su inquietud respecto a los allanamientos, incautaciones y el acceso a expedientes y dispositivos electrónicos de magistrados judiciales sin una justificación detallada.

Argumentaron que estas medidas deben estar debidamente fundamentadas e individualizadas, garantizando así que su aplicación sea pertinente y conduzca a la acreditación o descarte del hecho punible investigado.

El gremio de jueces de paz resaltó que las responsabilidades penales y administrativas deben ser individualizadas y respetar el debido proceso. En este marco, instaron al Ministerio Público a adecuar sus acciones a las normas constitucionales y legales, evitando medidas que puedan vulnerar la independencia judicial.