Un alto tribunal falló el 19 de mayo a favor del expresidente Otto Pérez Molina, y no será procesado en conexión con la llamada Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, según informaron medios guatemaltecos. Este fue un efecto del veredicto de enero que determinó que la evidencia presentada por la Fiscalía Especializada contra la Impunidad (FECI), dependiente del Ministerio Público de Guatemala, no era suficientemente sólida para formular cargos penales contra Pérez Molina.

Develado en 2019, durante el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con aval de las Naciones Unidas, el caso se centra en una red criminal de poderosos miembros de la élite que exigía millones de dólares en sobornos a las empresas a cambio de contratos públicos.

El mismo día en que Pérez Molina esquivó esta acusación de corrupción, el Ministerio Público anunció la captura de Juan Francisco Solórzano Foppa, exsuperintendente tributario, quien ayudó a abrir el caso de corrupción contra Pérez Molina, y de Aníbal Argüello, quien se desempeñó como abogado e investigador de la CICIG. Ambos enfrentan cargos por un caso que incluye la presunta falsificación de documentos oficiales para un nuevo partido político que Solórzano Foppa trataba de crear.

Argüello también es testigo clave en el histórico caso de corrupción de La Línea, el escándalo de fraude aduanero por varios millones de dólares que llevó a la renuncia de Pérez Molina y a su privación de la libertad, junto con quien era su vicepresidenta, Roxana Baldetti. Después de que saliera a la luz en 2015, el caso está programado para juzgarse en enero de 2022.