También pretendieron ensuciar a periodistas de El Observador que se negaron a someterse a sus intereses. De nada sirvió a los involucrados hacer publicaciones pagadas, ya que el Poder Judicial confirmó todas las actuaciones del Ministerio Público, que a su vez corroboró las denuncias de las víctimas.

Los involucrados en el esquema criminal de la mafia de pagarés, impulsaron a través de redes sociales, una fuerte campaña para desacreditar a la fiscala Belinda Bobadilla. La atacaron por supuestamente proporcionar información a la prensa y que las presuntas filtraciones iban a afectar el proceso. Insistieron que todas las actuaciones de los agentes del Ministerio Público serían anuladas por el Poder Judicial, por que estarían viciadas por las “filtraciones” hechas por Bobadilla.

Esta campaña sucia, solventada con el dinero de la estafa, era falso desde todo punto de vista y ahora se confirma con la resolución del juez Osmar Legal, que avaló las actuaciones de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero.

El abogado Robin Miranda, defensor del oficial de justicia Ronald Navarro, expuso como argumento de su incidente de nulidad de actuaciones las filtraciones, entrega de auditoría a El Observador y otros. Sin embargo, su pretensión no corrió ya que fue rechazada por el magistrado que analizó el caso.

Los implicados en la mafia de pagarés también buscaron desacreditar a periodistas de El Observador, realizando ataques personales, sin que jamás pudieran demostrar la falsedad de las informaciones publicadas por nuestro medio.

El esquema criminal que hace años viene funcionando en los juzgados de paz fue corroborado por la propia auditoría ordenada por la Corte Suprema de Justicia y luego ratificada con la imputación presentada por el Ministerio Público.

El Observador reitera su compromiso de seguir con las publicaciones que desnudan un esquema criminal que hace años viene funcionando en las “narices” de los ministros de la Corte, que con su desidia favorecen a los “guante blanco” y abandonan a los sectores vulnerables, docentes y enfermeras jubiladas, que son las víctimas de esta organización criminal.