En el escrito dirigido al Juzgado Penal de Garantías, hace mención a la ampliación de la imputación, que desde su opinión “adolece de graves irregularidades que afectan su validez jurídica, además, la misma incurre en deficiencias que vulneran los derechos fundamentales de mi defendido, conforme lo garantiza el Artículo 17 de la Constitución Nacional y los estándares establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Me encuentro sujeto a un proceso disciplinario convocado por V.S., lo cual constituye una interferencia directa y grave en el ejercicio pleno de mi labor como defensor técnico de Alexandre Gomes. Este proceso no solo afecta mi desempeño profesional, sino que también compromete el derecho de mi cliente a una defensa efectiva, protegido por el Artículo 17 de la Constitución Nacional, el Artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La imparcialidad y la garantía de no sufrir represalias en el ejercicio de la profesión son pilares esenciales del debido proceso.”

Para Tuma, tales irregularidades justifican la nulidad, conforme a lo establecido en el Artículo 135 del Código Procesal Penal. No obstante, la existencia de un proceso disciplinario en mi contra genera un evidente conflicto de intereses, que limita mi capacidad para ejercer adecuadamente los recursos legales pertinentes. 

“Esta situación afecta tanto mi capacidad de brindar una defensa técnica efectiva como el derecho de mi cliente a un acceso pleno e imparcial a la justicia. Formulo estas manifestaciones dejando expresa reserva de mi derecho para, en su momento, accionar en reclamo de los daños y perjuicios ocasionados”, apunta.